La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra la antigua cúpula de Isolux Corsán entre los años 2008 a 2015 por el presunto pago de sobornos a altos funcionarios en Argentina para la construcción de una central termoeléctrica en la ciudad de Río Turbio.
En una nota, el ministerio público explica que durante esos años la empresa habría abonado hasta 19 pagos por importe de 300.000 dólares (264.000 euros al cambio actual) que, aunque efectuadas por empleados de la compañía en Argentina, fueron autorizadas por la matriz en España, que además transfirió periódicamente los fondos necesarios para ello.
La querella de Anticorrupción se dirige contra el expresidente Luis Delso; el exvicepresident José Gomis, y los que ocuparon el cargo de consejero delegado y director financiero en aquellos años.
Delso y Gomis fueron absueltos en junio de 2019 de defraudar 1,37 y 2,37 millones de euros en 2012, respectivamente, al considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
En su comunicado, la Fiscalía aclara que la querella se dirige exclusivamente contra los responsables de Isolux en España entre 2008 y 2015 "y no contra los ciudadanos argentinos responsables de la sucursal", ya que estos se encuentran procesados y pendientes de juicio en aquel país.
La justicia argentina ha llevado a cabo una investigación con el sobrenombre de "cuadernos de la corrupción", según la cual durante los años 2003 a 2015 varios funcionarios habrían constituido una asociación ilícita dirigida por el que fuera presidente de la nación, Néstor Kirchner, ya fallecido, y su mujer y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina. La trama se habría dedicado al cobro de comisiones ilícitas vinculadas a la concesión de obras públicas a diversas empresas.
En julio de 2017 la empresa solicitó el concurso de acreedores, y en febrero de 2018 la deuda de las siete sociedades del grupo era de 5.695,3 millones de euros, frente a unos activos de 1.865 millones, lo que suponía un agujero patrimonial de más de 3.830 millones.
El juez que llevaba el concurso autorizó ya en marzo de 2018 a un grupo de exdirectivos a hacerse con algunos de sus activos en España, tras lo cual se puso en marcha la "Nueva Isolux".
En Colombia, la empresa Bioenergy, filial de la estatal Ecopetrol y de Isolux Corsán, está imputada por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para construir una planta de etanol en el centro del país por más de 138 millones de dólares.
