El Gobierno central aprobará esta semana un plan de apoyo a la industria del automóvil que supondrá la inversión pública de 3.750 millones de euros en dos años, según anticipó ayer el presidente Pedro Sánchez. Una parte de ese dinero se destinará a un nuevo programa de incentivos a la compra de coches que alcanzará a todas las tecnologías, incluidas las de combustión, si bien los vehículos eléctricos recibirán tratamiento reforzado. Prevalece así el criterio del Ministerio de Industria, partidario de atender la petición empresarial de "neutralidad tecnológica", frente a las reticencias del departamento de Transición Ecológica.
El del automóvil es, dijo Sánchez, el primero de varios planes económicos sectoriales e irá seguido esta misma semana de otra estrategia de apoyo al turismo. La intervención pública para estimular la demanda de vehículos y otras medidas de respaldo (financiación de inversiones, I+D, formación...) llega en un momento "crítico" cuya evidencia más cruda ha sido el anunció de Nissan de que cerrará sus centros productivos de Barcelona. Las dificultades del sector, con la actividad a ralentí por la crisis del coronavirus y la demanda en mínimo, están arrastrando también a la potente industria española de los componentes.
Tales problemas en una actividad que aporta cerca del 9% del producto interior bruto (PIB) nacional ha tenido ha tenido ya reflejos en Asturias: solicitud de concurso de acreedores en Vauste (Gijón), tercera regulación de empleo en Saint-Gobain (Avilés) y paradas en las plantas de ArcelorMittal que suministran a los fabricantes de automóviles o a sus proveedores (acero galvanizado en Avilés y alambrón en Gijón). El rescate de la industria automovilística puede aliviar por tanto las dificultades de numerosas empresas asturianas que tienen relación directa con un sector presente con fábricas de ensamblaje en once comunidades autónomas (todas las peninsulares, salvo Asturias, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia).
Presumiblemente, la principal medida que hoy concretará el Gobierno será un programa de ayudas a la compra de coches por un importe de al menos 250 millones, inferior a lo que demandaban las patronales (400) pero aún así el más alto de los planes análogos desplegados en España. Se va aclarando además una incógnita que preocupaba a fabricantes y vendedores: las ayudas alcanzarán a los coches de combustión, excluidos de los más recientes programas de incentivos, que se centraron en los vehículos eléctricos y otras motorizaciones consideradas "renovables". En la conversaciones con el sector han participado el Ministerio de Industria, partidario de llegar con las ayudas a la compra a todas las tecnologías, incluido los motores diésel y los de gasolina, y el de Transición Ecológica, ideológicamente refractario a apoyar los coches que consumen derivados del petróleo. Su responsable y también vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, conmocionó el mercado en 2018 con esta frase: "El diésel tiene los días contados".
Las urgencias del sector habrían movido al Gobierno a inclinarse, aunque con matices, por el criterio de "neutralidad tecnológica" (no discriminar ninguna tecnología en las ayudas) que ha defendido la ministra de Industria, Reyes Maroto. Pedro Sánchez puntualizó ayer que el plan está orientado a fomentar la "movilidad sostenible" y alineado con los objetivos de reducir emisiones de CO2. Por ello, el apoyo al coche eléctrico tendrá un tratamiento singular y los vehículos de combustión con acceso a las ayudas deberán ser "eficientes". A expensas de los detalles, informaciones previas apuntan a que se subvencionará la compra de automóviles catalogados en las categorías "A" y "B" por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, en las que entran los modelos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro.
