España espera un "acuerdo político" sobre el plan europeo de recuperación económica tras el coronavirus a finales de julio, tras una negociación que se augura "muy difícil" con los países autodenominados frugales y que comenzará este viernes en el Consejo Europeo.

Ese acuerdo es "esencial" para que la Comisión Europea pueda ponerse a trabajar en la puesta a punto de los distintos reglamentos, ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en su comparecencia de este martes ante la Comisión Mixta para la UE, en la que ha avanzado los puntos de la agenda del Consejo, que se celebrará por videoconferencia.

Habrá una "primera toma de contacto" sobre la propuesta que ha presentado la Comisión Europea para crear un fondo de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 serían transferencias y 250.000 préstamos, de acuerdo con el secretario de Estado, quien ha aventurado que no se esperan "progresos sustanciales".

La negociación será complicada, y los distintos Estados miembros defenderán sus intereses con "firmeza", a juicio de González-Barba, quien ha dicho que espera que este momento histórico también se afronte con altura de miras.

Aunque son firmes las posiciones sobre el mecanismo de apoyo que Bruselas ha vinculado al marco financiero plurianual 2021-2027, "también hay señales que pueden llevarnos a asumir un cauto optimismo", ha puntualizado.

Sobre la mesa hay una propuesta que hace tres meses sería impensable, según el secretario de Estado, quien ha incidido en que "es mucho más fácil remar a favor de una propuesta favorable de la Comisión Europea que en contra de ella".

No obstante, "queda una negociación muy difícil" con los países que se han autodenominado frugales, (los contribuyentes netos, menos Alemania), que, según ha añadido, son los que ahora tienen que justificar su posición ante la opinión publica europea y la de sus propias naciones.

Las diferencias se centran en el propio montante del fondo propuesto por el Ejecutivo comunitario, en el volumen de transferencias con respecto a préstamos del mismo, y en los criterios para su distribución.

En respuesta a la preguntas de los representantes de varios grupos sobre la condicionalidad de esos fondos, el secretario de Estado ha explicado que España está a favor de una condicionalidad entendida en términos reformistas, es decir, que el dinero que llegue de Bruselas sirva para reactivar la economía y llevar a cabo reformas que coinciden con la propia agenda de reformas de la UE.

Esos fondos, ha añadido, también van a ser canalizados por las comunidades autónomas en función de mecanismos que tendrán que ser negociados en el marco de las distintas conferencias sectoriales y de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue).

Los próximos Consejos Europeos serán decisivos, a juicio del secretario de Estado, quien ha apuntado que se está preparando una nueva reunión de líderes comunitarios, ya presencial, para probablemente el 9 y 10 de julio, aunque la fecha no está cerrada.

González-Barba ha subrayado además que el Gobierno defenderá que el hecho de que España sea uno de los países más beneficiados del fondo de recuperación, por haber sido uno de los más afectados por la pandemia, no se considere "en ningún caso" una compensación por reducir los fondos de cohesión.

De hecho, en relación con el marco financiero plurianual, que también se tiene que negociar aún, España velará por una dotación adecuada de la política de cohesión.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo español estará muy atento para garantizar una remuneración suficiente para los agricultores en el marco de la PAC (Política Agrícola Común).

Al margen de las cuestiones económicas, en la reunión del viernes está previsto que el Consejo apoye el mandato de Michel Barnier como negociador jefe de la UE, en las conversaciones con el Reino Unido sobre el "brexit".