23 de junio de 2020
23.06.2020
La Nueva España

Empresas y autónomos, en vilo por los ajustes en los ERTE y en las prestaciones

La negociación para prorrogar las regulaciones de empleo se atasca en las bonificaciones a la Seguridad Social, pero el diálogo sigue vivo

23.06.2020 | 01:22
Empresas y autónomos, en vilo por los ajustes en los ERTE y en las prestaciones

Gobierno y agentes sociales protagonizaron ayer negociaciones en dos frentes para determinar cómo serán después del 30 de junio las condiciones de dos de los mecanismos principales que se activaron durante estado de alarma para amortiguar sus impactos en las empresas y en los trabajadores: los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. En este último caso, las conversaciones avanzaron terreno ayer. En el de los ERTE, continúa el toma y daca entre el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC OO acerca del régimen de bonificaciones a la Seguridad Social que tendrán las empresas, hasta ahora principal escollo para llegar a un entendimiento.

La negociación sobre la prórroga de las regulaciones de empleo entró ayer en tiempo de descuento. En principio, estaba previsto que la aprobación del nuevo decreto fuera abordada hoy en el Consejo de Ministros, pero no será así. Tras cinco horas de reunión, Gobierno y agentes sociales mantuvieron anoche las distancias y se emplazaron a seguir hablando el miércoles, apurando los plazos para negociar.

Superadas en apariencia las diferencias sobre la duración de la prórroga (la última propuesta conjunta de la CEOE y los sindicatos suponía ir hasta el 30 de septiembre, la fecha de la que también habla el Gobierno), el foco está puesto en las cotizaciones a la Seguridad Social. Con arreglo al modelo que está en vigor, las empresas que pasan de los ERTE por fuerza mayor totales (sin actividad por el estado de alarma) a la modalidad parcial (recuperación progresiva con la desescalada) tienen rebajas en las cotizaciones que son superiores por los trabajadores que se incorporan (de hasta el 70% en junio para las empresas de menos de 50 trabajadores) que por los que permanecen regulados (un máximo del 45% en el mismo caso).

La última oferta del Gobierno consistía en ir eliminando los ERTE de fuerza mayor total y propiciar la transformación de los parciales en expedientes por razones objetivas (económicas, organizativas o de producción), modalidad que hasta ahora no incluía rebajas de la Seguridad Social para las empresas. El Ejecutivo planteó para ello un régimen de bonificaciones para las empresas que hicieran ese tránsito análogo al que tienen los ERTE parciales: rebajas mayores por los trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo y menores por aquellos que permanezcan regulados. Es un diseño defendido sobre todo por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que está orientado a estimular que los empresarios aceleren la reincorporación de efectivos. El Ejecutivo intenta así conjugar el mantenimiento de las medidas de flexibilidad con cierta contención en los costes para el sistema.

Empresarios y sindicatos han coincidido en pedir que se dé la vuelta al incentivo, volcando los recursos en bonificar más por los trabajadores que siguen en ERTE que por los reincorporados. Conforme al criterio de la patronal CEOE, tiene poco sentido penalizar a las empresas que tienen mayores dificultades para normalizar sus niveles de actividad y por tanto de plantilla. La oferta que ayer trasladó el Gobierno a patronales y sindicatos persistía en el esquema que rechazan los agentes sociales. No hubo por tanto acuerdo a tiempo para llevar una propuesta consensuada al Consejo de Ministros de hoy, pero la negociación no está rota. Las partes volverán a reunirse el miércoles, a siete días de que expire la vigencia del modelo actual de ERTE.

También expiran el 30 de junio las condiciones de la prestación por cese de actividad que cobran desde marzo los autónomos que resultaron afectados por las restricciones del estado de alarma (cierres de negocios o pérdida de ingresos superior al 70%) y cuyo cobro es compatible por ahora con la reanudación gradual de los negocios. El Ministerio de Seguridad Social negocia con las organizaciones de autónomos hasta cuándo (presumiblemente, hasta el 30 de septiembre) y en qué condiciones se mantendrá desde el 1 de julio esa prestación, que en Asturias tiene unos 23.000 beneficiarios.

Lorenzo Amor, presidente de la federación de autónomos ATA, aseguró ayer que se están produciendo avances en el diálogo con el departamento de José Luis Escrivá. Las organizaciones de autoempleados y pequeños empresarios están planteando que la prestación se prorrogue para todos los sectores y que se mantenga para quienes siguen teniendo restricciones de actividad superiores al 50% debido a las normas sanitarias y de distanciamiento social establecidas por la propia Administración central, las autonómicas o los ayuntamientos y para los negocios con mermas de ingresos que excedan el 75% en relación a al mismo trimestre del pasado año. Lorenzo Amor se mostró confiado en poder llegar a un acuerdo esta semana que pueda ser refrendado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio.

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