El entendimiento entre Gobierno, empresarios y sindicatos sobre las condiciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) después del 30 de junio podría consumarse hoy. Una nueva oferta (la quinta) presentada en la tarde de ayer por el Ministerio de Trabajo ha allanado el camino para un pacto al aceptar el Ejecutivo mantener los ERTE de fuerza mayor totales (los que afectan a las plantillas al completo y conllevan las exoneraciones más altas de cuotas a la Seguridad Social) para actividades que no hayan podido reabrir o que estén aún muy afectadas por las restricciones que imponen las reglas de distanciamiento social.

Esa propuesta supone que el Gobierno reconsidera su planteamiento inicial de suprimir los ERTE de fuerza mayor totales, pretensión rechazada principalmente por la patronal CEOE. La idea de Trabajo abre la opción de prorrogar esa modalidad hasta el 30 de septiembre con rebajas de cotización generosas (las vigentes ahora llega al 100% en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores), aunque la medida se limitaría a sectores y actividades muy concretas. Algunas informaciones aludían ayer, a título de ejemplo, al caso de las discotecas.

Los negociadores del Gobierno, de las patronales CEOE y Cepyme y de UGT y CC OO se reunieron ayer desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con un receso por el medio. Aunque no descartaban nuevos contactos ayer mismo, las partes están citadas hoy con el propósito de redondear un pacto sobre un decreto de prórroga que se aprobaría mañana, viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Haya o no acuerdo, el Gobierno ha remarcado que no dejará decaer los ERTE y que habrá prórroga hasta el 30 de septiembre. Conseguir que sea previo consenso con los agentes sociales se ha convertido en una prioridad política del equipo de Pedro Sánchez.

Por lo conocido hasta ayer, algunas de las condiciones que se estarían madurando para la prórroga serían las que se explican a continuación.

La prórroga de los ERTE será hasta el 30 de septiembre. Los empresarios pedían en un principio llegar hasta fin de año para los sectores más afectados por la crisis. Finalmente, el decreto podría incluir como concesión la posibilidad de estudiar una nueva prórroga para algunas actividades más allá de septiembre.

Se mantendrán las mismas condiciones actuales en las prestaciones de paro que cobran los trabajadores, que seguirán sin consumir los derechos acumulados antes del estado de alarma y percibirán el 70% de sus bases reguladoras, con los límites máximos que marca la legislación para las prestaciones ordinarias según las circunstancias familiares.

Si es aceptada la última oferta el Gobierno, se mantendrían los expedientes de fuerza mayor totales para un reducido número de actividades, perdurarían los ERTE de fuerza mayor parcial a los que se han ido acogiendo las empresas que incorporan gradualmente trabajadores según recuperan actividad y se regularía un tránsito de las modalidades de fuerza mayor a ERTE por razones económicas, organizativas, técnicas o de producción.

Es otro de los frentes que ha complicado la negociación. A petición del Ministerio de Seguridad Social, la anterior prorroga y el paso de los ERTE totales a los parciales se diseñó buscando incentivar que las empresas reincorporen trabajadores a sus puestos. Por ello, se ofrecieron rebajas de cuotas sociales más generosas (70% este mes en empresas de menos de 50 trabajadores) por los asalariados que salían del ERTE que por aquellos que permanecían con el empleo suspendido (45% en el mismo caso). La CEOE había pedido revisar ese planteamiento al considerar que penaliza a las empresas con mayores dificultades. También se ha criticado desde el ámbito académico que ese régimen de incentivos ha podido tener un efecto perverso: estimular a las empresas a permanecer acogidas a ERTE completos en lugar de pasar a los parciales, para obtener ahorros mayores. Según esa opinión, suscrita por expertos de Fedea, puede ser un indicio de esa práctica el hecho de que la recuperación de la actividad económica es mucho más intensa que el ritmo de salida de trabajadores de los ERTE.

A expensas de los cambios que puedan añadirse en lo que queda de negociación, el Gobierno ha ofrecido hasta ahora mantener las rebajas de cotizaciones actuales en los expedientes de regulación parcial y aplicar también bonificaciones (de entre el 30% y el 65%) a las empresa que pasen de esa modalidad de ERTE a la fundamentada en razones objetivas (económicas o de producción).

El diseño de la nueva prórroga afronta el reto de encontrar un equilibro que mantenga la protección a las personas, favorezca la recuperación de la actividad económica, evite la desaparición de empresas y empleos viables y hacerlo con un coste asumible para las cuentas públicas.