Ser considerada estratégica -a nivel nacional o regional- y que los problemas de liquidez, económicos o de producción estuvieran originados, única y exclusivamente, por los efectos la pandemia del covid-19. Esas son las dos condiciones imprescindibles que deben cumplir las empresas que quieran tener al Estado como socio para que les saque las castañas del fuego y las ayude a sobrevivir. En Asturias, avisan los expertos, hay muy pocas que se ajusten a ese perfil. Prácticamente ninguna. El Gobierno nacional dio luz verde la semana pasada a un fondo de 10.000 millones de euros con el que entrar en el accionariado de compañías que estuvieran pasando por serias dificultades. De cómo será el "casting" de empresas, que se gestionará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se conocieron los detalles finos esta misma semana tras la publicación de las condiciones en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE). Y, por lo visto, la puerta de estas ayudas está cerrada a cal y canto para la inmensa mayoría de las compañías asturianas en problemas, coinciden los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA.
Son las propias empresas las que tienen que dirigirse al Estado para avisarle de que el coronavirus las ha dejado tan tocadas que su continuidad se ve notablemente comprometida. No obstante, el propio Principado, a través de la Consejería de Industria, está realizando una labor de prospección analizando el contenido del decreto para ver si alguna compañía de la región podría dar el perfil. Parece complicado ya que algunas de las que están en dificultades como Duro Felguera o Alu Ibérica (la antigua Alcoa) llevan tiempo en una situación de riesgo. Con lo que su mala situación, estrictamente, no está derivada de la pandemia.
Sostienen los expertos que lo que busca este fondo es rescatar a gigantes industriales que hayan sufrido como nadie el golpe del coronavirus. Al estilo de lo que ya está ocurriendo en otros países europeos como Alemania que acaba de acudir en auxilio de Lufthansa, su mayor aerolínea, o en Noruega que también ha salvado a su "low cost" Norwegian. Las participaciones que plantea el Gobierno de España tendrán un carácter temporal. Es decir, el Estado no entrará en el accionariado de las compañías que saque a flote de manera permanente, sino que una vez que el camino económico esté más despejado se retirará cautelosamente.
De hecho, los propios empresarios rechazan que la estancia del Gobierno se eternice. Belarmino Feito, presidente de FADE, asegura que "la participación estatal en empresas debe ser una solución temporal para circunstancias excepcionales". Y añade: "Debería entenderse como un apoyo financiero a empresas estratégicas y viables, preservando su autonomía de gestión y evitando injerencias políticas. No puede convertirse en un instrumento para mantener actividades no viables, que requieran de sucesivas aportaciones de fondos públicos indefinidamente. Cuidado con resucitar el INI (el antiguo Instituto Nacional de Industria que a base de tomar participaciones en empresas en crisis llegó a convertirse en el primer grupo empresarial de España, desapareció en 1995)".
El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo Francisco González sostiene que la filosofía de este fondo de rescate es similar al plan de ayudas que el Gobierno puso en marcha durante la crisis financiera iniciada en 2008 y que acabó con la intervención estatal en Bankia. Una participación que aún perdura. Pero el profesor universitario también insiste en la necesidad de que estas ayudas no sean un coladero para empresas que estén en serias dificultades y sin muchas posibilidades de levantar cabeza. "Puede ocurrir ese sesgo, porque el que lo tiene todo perdido ya no tiene nada que perder", argumenta. Por eso insiste en que la evaluación por parte del Gobierno y, por extensión el SEPI, de los candidatos debería de ser extremadamente cuidadosa. "Por eso la iniciativa privada es mejor que la pública, porque se es más cuidadoso con sus inversiones", señaló González.
Más de 10.000 trabajadores asturianos salieron ya del ERTE, pero quedan aún 42.900 regulados
Más de 10.000 trabajadores asturianos salieron ya del ERTE, pero quedan aún 42.900 reguladosLa progresiva vuelta a la actividad tras el fin del estado de alarma ha propiciado que 10.300 trabajadores hayan salido ya del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en el que estaban y se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Sin embargo, quedan aún 42.907 regulados, según las cuentas que divulgó ayer la Consejería de Industria.
El Principado matiza que son ya 1.997 las empresas que han pedido suspender la aplicación del ERTE que tenían en marcha porque ya no necesitaban tirar de él porque tienen ya carga de trabajo suficiente para trabajar con normalidad, como antes de que estallara el estado de alarma.
Por otra parte, el Gobierno dio luz verde ayer a la prórroga de varias ayudas para echar una mano a familias vulnerables. Entre ellas, figuran la moratoria al pago de las hipotecas y alquileres, que se extenderán hasta finales de septiembre. También se amplían los plazos de las medidas de protección por el impago de suministros básicos (agua, luz y gas) y se promoverá la construcción de nuevas viviendas sociales.
