Asturias vuelve a tener la oportunidad de subirse a un tren cargado de ayudas de la Unión Europea para afrontar una nueva reconversión. De su capacidad para conseguir billetes (mediante la presentación de proyectos atractivos y viables) y de su habilidad para ocupar las mejores plazas en el convoy (defendiendo unos criterios de reparto de los fondos que hagan valer su condición de región muy afectada por la transición energética y sus esfuerzos para avanzar en ella) dependerá que se alcance el destino deseado: una recuperación económica sostenida por actividades "verdes". Para ello habrá disponibles ayudas de hasta 1.806 millones que podrían movilizar inversiones de más de 6.700 millones de euros.
El Fondo de Recuperación que ultima la Unión Europea para hacer frente a la crisis del coronavirus, dotado con 750.000 millones de euros de los que 140.000 podrían llegar a España, es una gran oportunidad para regiones como Asturias que tienen que afrontar, al mismo tiempo, un trasplante de su corazón industrial para seguir con vida dentro de una Europa baja en emisiones de carbono.
En el escenario presupuestario que planteaba Bruselas a principios de año para el periodo 2021-2027 se incluían 7.500 millones de euros para el denominado Fondo de Transición Energética Justa, también conocido como "Fondo Verde", destinado a regiones como Asturias que tienen que afrontar una larga travesía de descarbonización con fuertes impactos socioeconómicos. Ahora esa dotación económica podría quintuplicarse y llegar hasta los 40.000 millones de euros según la propuesta de la Comisión Europea. "Por un lado 7.500 millones seguirían llegando del MFF (acrónimo inglés con el que se conoce al marco financiero plurianual de la UE, su presupuesto ordinario) y el resto hasta los 40.000 procederían de los 750.000 millones de deuda del Fondo de Recuperación, que no sólo está para responder a la crisis del coronavirus", explicó el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández, que añadió que los números "podrán bailar dependiendo del resultado de la próxima reunión del Consejo Europeo". No obstante, apuntó que a los 40.000 millones del Fondo de Transición se sumará una línea de crédito con condiciones favorables para administraciones públicas de las regiones en transición "y otros 45.000 millones de euros adicionales para créditos preferenciales a empresas dentro de InvestEU, lo que fue el plan Juncker". En total, se espera que el Mecanismo de Transición Justa movilice al menos 150.000 millones de euros de inversión pública y privada.
A partir de los 7.500 millones con los que estaba dotado inicialmente el Fondo de Transición Justa, la Comisión Europea hizo una propuesta inicial de reparto por países según la cual a España le corresponderían 307 millones de euros, muy lejos de los 2.000 que recibiría Polonia o los 876 de Alemania. Ahora, al elevarse la cuantía hasta los 40.000 millones, el reparto cambia y según la propuesta lanzada por la Comisión Europea a España le corresponderían 1.806 millones (Polonia sigue siendo la más beneficiada, con 8.000 millones, seguida de Alemania con 5.152 millones). Este reparto "está pendiente de negociación en el parlamento y el consejo europeo", apuntó Jonás Fernández, que no obstante prevé que se mantenga "más o menos". De esa manera, la cuantía prevista inicialmente para España se quintuplica y a esos 1.806 millones de euros en ayudas (el equivalente a más del 7% del PIB de Asturias) podría aspirar el Principado junto a otras siete provincias preseleccionadas por la Comisión Europea como afectadas por la transición ecológica. Son León, Palencia, La Coruña, Teruel, Cádiz, Almería y Córdoba, territorios en los que se cerraron minas de carbón y ahora las centrales térmicas que lo quemaban. Teniendo en cuenta los cálculos de la Comisión Europea, las ayudas de 1.806 euros podrían movilizar una inversión público-privada de más de 6.700 millones de euros
El reparto
El Gobierno del Principado teme que con la ampliación de ayudas también se abran los criterios de selección y aumente el número de regiones beneficiadas. Por ese motivo, Asturias quiere hacer valer su condición de región muy afectada por la transición energética y sus esfuerzos en ese terreno. "Asturias es una región en transición minera, es una región en transición en generación en carbón y es una región también en transición por el consumo altamente intensivo de energía de nuestras industrias, por lo tanto estamos en las tres patas de la transición de la que habla Europa", destacó Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado, en unas jornadas sobre el futuro de las comarcas mineras, en las que apuntó que "no vale que ahora intenten incorporarse" a los programas de ayudas "otras regiones que también tienen sus particularidades y sus dificultades" pero no esa conjunción de factores que tiene Asturias. El Principado teme que "se abra demasiado el abanico" de las ayudas y "que al final quede diluido ese esfuerzo transformador que están haciendo los territorios verdaderamente mineros", añadió Díaz. El pleno del Comité de las Regiones, órgano consultivo de la UE, aprobó la semana pasada tres enmiendas presentadas por Asturias en relación a los criterios de reparto del Fondo de Transición Justa, de forma que podrán ser tenidas en cuenta por el Parlamento Europeo a la hora de fijar la distribución definitiva. Según señaló el director general de Asuntos Europeos del Principado, Javier Vila, las enmiendas asturianas planteaban la incorporación del desempleo juvenil como criterio de reparto y que el futuro fondo no compute dentro de las normas limitantes de las condiciones macroeconómicas.
Además, Vila consideró de especial importancia el respaldo a la enmienda que solicitaba no computar para la distribución de los fondos la población total de los estados miembros sino únicamente la de las regiones elegibles, dado que, de no ser así, "algunos países recibirían una importante cantidad de dinero sin tener la necesidad de realizar una transición energética". El eurodiputado Jonás Fernández consideró clave que Asturias haga valer su condición de región muy afectada por la transición de cara al reparto de fondos tanto a nivel europeo como dentro de España. Pero añadió que, "donde hay mucho que hacer también" es la presentación de buenos proyectos para optar a los fondos.
Según la Comisión Europea, en el caso de España la inversión de los "fondos verdes" debería centrarse en la creación de nuevas empresas; el despliegue de tecnologías e infraestructuras de energía limpia, renovables y eficiencia energética, así como en investigación e innovación. Recomienda también invertir en la descontaminación del entorno y para paliar los efectos sobre el empleo aconseja destinar fondos a la recualificación de los trabajadores y a proporcionar apoyo para la búsqueda de trabajo y la inclusión de los parados. El Gobierno de España y cada una de las regiones más afectadas por la transición energética deberán elaborar un Plan de Transición Justa para justificar su inclusión en el programa europeo de ayudas. En ese plan se deberán establecer las grandes líneas de intervención en cada región y un listado concreto de proyectos, con la iniciativa privada implicada, puede suponer un pasaporte hacia las ayudas. Por eso el Principado ya constituyó a principios de año un grupo de trabajo multidisciplinar que partió de la labor que ya se adelantó dentro de la Plataforma Europea de Regiones en Transición. En un primer listado ya figuraban 47 proyectos de transición energética que supondrían una inversión de 946,6 millones de euros y la creación de 366 empleos. Van desde convertir toda una central térmica de carbón en un almacén energético que usaría sales fundidas a una lavandería que aprovecharía humos industriales de una empresa minera, pasando por centrales de biomasa, proyectos de movilidad eléctrica y con gas, aprovechamiento de calores residuales, restauraciones ambientales de espacios como la mina a cielo abierto de carbón de Tormaleo en Ibias o la hibridación de la central de Hunosa en La Pereda con nuevos combustibles sumados al carbón. "El Gobierno, los agentes sociales, las empresas, la universidad y el conjunto de la sociedad civil deben de ser conscientes del reto al que Asturias se enfrenta y la necesidad de arbitrar un proceso participativo para diseñar un plan de transición que permita rentabilizar la financiación europea y modernizar la estructura económica de Asturias", apuntó Jonás Fernández tras explicar a representantes de grandes empresas asturianas las oportunidades que se abren con los fondos verdes.
