Resta aún meses de negociaciones en las instituciones europeas para definir los detalles de los fondos comunitarios para la reconstrucción económica pero las autonomías españolas protagonizan ya las primeras escaramuzas para influir en los repartos dentro del país. El Gobierno de Cataluña ha hecho el primer gran envite al manifestar que aspira a recibir 30.000 millones de los 140.000 a los que podría acceder España entre subvenciones a fondo perdido y préstamos en el período 2021-2023. Tal pretensión ha despertado críticas y recelos en otras regiones, algunas de ellas partidarias de abrir ya una negociación con el Ejecutivo central sobre el destino del dinero.

Los 30.000 millones que quiere la Generalitat, según anuncio de su vicepresidente, Pere Aragonès, suponen el 21,4% de los fondos previstos para el conjunto del país. Es una proporción que supera en un 33% el peso demográfico de Cataluña (16,1% de la población española) y en un 12,6% su participación en el producto interior bruto (PIB) nacional (19%). Esto es, de ser asignado el dinero conforme a tales criterios, la cantidad que ambiciona Cataluña superaría hasta en 7.500 millones la que le correspondería.

Ahora bien, por ahora no está definido si habrá o no repartos de ámbito autonómico. El acuerdo de los líderes europeos sobre el dinero para la reconstrucción prevé asignaciones por países y en principio no por regiones, salvo en el caso del capítulo correspondientes al llamado Mecanismo para la Transición Justa (fondos verdes): 17.500 millones destinados a los territorios que pierden más empleo y actividad económica con el proceso de descarbonización (cierres de minas y térmicas) y que únicamente se pueden destinar a un catálogo de lugares prefijados por la Comisión Europea. En el caso de España esa relación incluye a Asturias y a las provincias de La Coruña, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Almería y Cádiz. El Gobierno asturiano aspira a que la región sea la beneficiaria principal de esa bolsa ante los impactos singulares de la descarbonización en la comunidad, ratificó ayer el consejero de Industria, Enrique Fernández.

Europa repartirá el resto de los fondos por países mediante un mecanismo que en principio tendrá en cuenta distintos indicadores socieconómicos actuales y que luego será reajustado considerando los impactos de la crisis asociada a la pandemia del coronavirus, una vez que puedan ser cuantificados con la perspectiva necesaria.

La decisión de que, aguas abajo, haya también o no una distribución del dinero por regiones correspondería a cada estado. Lo más oportuno para el Gobierno central ante la obligación de rendir cuentas en la UE del uso de los fondos sería utilizarlos principalmente en planes de inversión y de reformas de ámbito nacional, indicaron fuentes comunitarias, pero las autonomías están moviendo ficha en otras direcciones. A la petición de Cataluña de un tratamiento singular han seguido demandas de gobiernos autonómicos que piden un "reparto justo" y negociado, bien a través el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como quiere Madrid, o concertando los criterios en una Conferencia de Presidentes que, presumiblemente, será convocada antes de que finalice julio.