La banca deberá mejorar la información que ofrecen a sus clientes sobre los créditos y tarjetas "revolving" o de pago aplazado, un producto que Tribunal Supremo ha puesto en cuestión por los altos intereses aplicados. Una nueva regulación refuerza la protección de los usuarios, pero el Gobierno ha decidio no poner límites a los tipos de interés, a menudo superiores al 25%.