Más de 9.500 empresas asturianas mantienen activos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) parciales o totales motivados por la crisis sanitaria del coronavirus. Hasta ahora unas tres mil han renunciado a los ERTE y, al calor de la mejora de sus negocios por la apertura de la economía, han comunicado a la autoridad laboral del Principado que ya no necesitan recurrir a esas medidas excepcionales de reducción de la jornada o de suspensión temporal de los contratos de sus trabajadores para que el negocio siga con vida.
El balance lo divulgó ayer la Consejería de Industria y Empleo tras la reunión que semanalmente tienen con los agentes sociales (con los sindicatos y la patronal). La crisis ha dejado un reguero de 12.642 expedientes de regulación temporal de empleo desde que comentó el estado de alarma a mediados de marzo. Las regulaciones tramitadas ante el Principado -otras de grandes empresas se gestionaron ante las autoridades centrales- afectaron a 53.718 trabajadores, mediante suspensiones de empleo o reducciones de jornada. El número de los que permanecen acogidos a expedientes es difícil de precisar, porque el Principado no maneja información sobre una mayoría de empresas que ha ido incorporando empleados al trabajo, transformado los llamados ERTE totales (para toda la plantilla) en parciales. No obstante, el hecho de que sigan activos más de 9.500 expedientes da una idea del impacto que aún tiene el mecanismo extraordinario para contener la destrucción de trabajo.
La gran mayoría de los ERTE tramitados desde marzo tenían la consideración de "fuerza mayor", es decir, los pidieron aquellos negocios donde el impacto de la crisis inevitable, como en los negocios hosteleros o en el comercio que tuvieron -por obligación- que cerrar sus puertas para evitar la propagación del coronavirus.
El balance del Principado también permite comprobar en qué sectores ha sido más fuerte el contagio. Los negocios ligados a los servicios de comidas bebidas y alojamiento -es decir, los restaurantes, bares y hoteles- son los que más han tenido que tirar de estas regulaciones de empleo. En total, fueron 8.812 los trabajadores de esas actividades afectados por ERTE. La prórroga de su vigencia, garantizada por ahora hasta septiembre, se considera clave para evitar una eclosión de cierres.
El segundo puesto lo ocupa el pequeño comercio, que solicitó expedientes para 6.117 empleados. Destaca la presencia en el tercer puesto del metal, uno de los principales motores económicos de la región. El balance señala que las empresas dedicadas a esa industria regularon a 4.968 personas. En cuarto lugar, están las peluquerías y los centros de estética (3.315); seguidas de los talleres de coches (2.370) y de las empresas de construcción (2.166).
