Las empresas asturianas y en particular las de tamaño mediano quedarán obligadas a más trámites y controles para verificar que no existen desigualdades entre hombres y mujeres dentro de las plantillas, particularmente en el aspecto salarial. Un acuerdo firmado anteayer por el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO, y del que se han desmarcado las organizaciones patronales, regula la nueva obligación que tendrán las compañías de más de 50 trabajadores de aprobar planes de igualdad, norma que hasta ahora se aplicaba sólo a las de más de 250 empleados. Tal obligación, que lleva pareja la de elaborar "auditorías retributivas", alcanza a las más de trescientas empresas asturianas de esas dimensiones.

Los reglamentos concertados entre los ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos regulan tres tipos de mecanismos: la creación de "registros retributivos" en todas las empresas, documentos con información estadística sobre los salarios medios y medianos que se pagan a varones y mujeres; el mandato de que las compañías de entre 50 y 250 trabajadores negocien planes de igualdad con los representantes de los trabajadores, requisito para cuyo cumplimiento se conceden plazos que van de uno a tres años, en función del tamaño de las compañías, y, en tercer lugar, la elaboración de auditorías sobre la política salarial en cada una de esas mismas empresas.

Las direcciones sindicales han ensalzado el acuerdo como un paso que "debe contribuir para avanzar en la igualdad de género y en la reducción de las desigualdades persistentes en el ámbito laboral, que de forma tan negativa e injusta afectan a las mujeres trabajadoras de este país", según expresó la dirigente de UGT Cristina Antoñanzas.

La patronal nacional CEOE ha alegado para explicar su negativa a firmar que, más allá de desarrollar los planes de igualdad y otras obligaciones ya previstas en la ley, el pacto supone "una reforma laboral encubierta". La principal discrepancia se produjo respecto a la facultad que se da a los sindicatos de negociar los planes de igualdad también en las empresas en las que no están presentes. Según CEOE, el acuerdo da "prioridad a garantizarla penetración de los sindicatos en las empresas donde no tienen representación". La patronal asturiana FADE se adhirió ayer a esas críticas de la organización estatal.