El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en su modalidad urbana generó para los ayuntamientos asturianos en 2019 derechos de cobro por valor de 259,6 millones de euros, un nuevo máximo histórico que se produjo tras un aumento anual del 1,14%, el segundo mayor observado en el país. La factura del IBI continuó así al alza en la región, una tendencia que, en cambio, no se observa en la mayor parte del resto de comunidades autónomas.
El comportamiento del tributo por territorios dentro y fuera de Asturias y su peso en las finanzas locales se explica en los siguientes puntos utilizando la última información estadística divulgada por la Dirección General del Catastro.
Los recibos del IBI que los hogares y las empresas españolas recibieron en 2019 sumaron 12.582,4 millones de euros, cantidad ligeramente inferior a los 12.633 millones de 2018. La recaudación potencial -estrictamente, los datos reflejan la facturación, no los ingresos efectivos- descendió también con moderación en siete comunidades autónomas, subió menos del 1% en otras siete y lo hizo por encima de ese nivel en tres: Baleares (1,01%), Asturias (1,14%) y Madrid (2,41%). El aumento en la facturación agregada del IBI puede tener varias explicaciones: un crecimiento del número de viviendas y otros inmuebles sujetos al tributo, un incremento de la lucha contra el fraude o subidas en los valores catastrales (base imponible) y tipos de gravamen. La evolución del IBI en Asturias parece más pegada a estos últimos factores, ya que el número de bienes afectados creció en una proporción significativamente más baja (0,31%) que la recaudación.
Conforme a los datos publicados por el Catastro, la factura del IBI ha aumentado en los principales ayuntamientos asturianos. Lo hizo más en Oviedo (1,5%) que en Gijón (0,16%) y de manera particularmente intensa en Langreo (3,7%) y en Mieres (2,6%). El recibo medio más caro, considerando todo tipo de inmuebles, sigue siendo el de Oviedo: 329 euros, 55 euros más que el de Gijón).
El aumento de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, que desde 2010 ha sido del 37% (sin contar el efecto de la inflación), fue en la anterior crisis un elemento medular de la estrategia de rescate financiero de los ayuntamientos españoles, asfixiados por las deudas y por el hundimiento de los ingresos asociados a las licencias urbanísticas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008. Los procesos de actualización de los valores catastrales y otras medidas impulsaron la facturación del IBI y su creciente peso en las finanzas públicas. En 2019, el impuesto aportó el 26% de todo el dinero que ingresaron los ayuntamientos asturianos, cuando diez años atrás esa tasa era del 17%.
