Recientemente estuve en La Granda, el centro de estudios que tiene su origen en el Ensidesa, y ahora auspiciada por Arcelor Mittal, que preside el profesor Juan Velarde y que dirige Emilio de Diego.
Allí, el pasado 12 de agosto tuve ocasión de participar en una mesa redonda de debate sobre el sector lácteo en España, en sesión que estuvo patrocinada por la sociedad Reny Picot, que preside Francisco Rodríguez, y que tiene un alcance internacional por sus productos lácteos, especialmente mantequilla y quesos de alta calidad. En la sesión participaron igualmente el rector de la Universidad de Oviedo, el presidente de la Central Lechera Asturiana (CLAS) y su consejero delegado. Hubo, además, otros coloquiantes y observadores, respetándose siempre las normas sobre el coronavirus.
La exposición del tema principal fue precedida por un cruce de opiniones sobre el papel de los empresarios y la función de la colaboración publico privada (CPP). Esto último, algo muy usual en estos tiempos de una coalición en el gobierno bastante dirigista, y que últimamente no ha llamado a los emprendedores a las operaciones de estrategia en la política económica. Luego entramos en el problema lácteo, que se remonta nada menos que a 1986, de cuando nuestro ingreso en la Unión Europea (UE).
Recodaré brevemente que el sistema comunitario, hasta hace poco, fue el de las cuotas nacionales, asignándose a cada Estado miembro de la UE una cantidad máxima de producción propia.
Y ahí empezó el problema para los españoles, cuando ese tope lácteo se nos fijó en 6,5 millones de toneladas, después de algunos pequeños incrementos sobre la cifra inicial, siempre muy por debajo de la verdadera producción y demanda españolas, qupulebae podrían situarse en por lo menos 2,5 millones de toneladas adicionales.
Con la supresión de las cuotas hace relativamente poco, en una de las sucesivas y cambiantes fases de la Política Agraria Común (PAC), se pensó que, ganando en productividad, como efectivamente se ha conseguido, España ppuodría crecer por encima de los citados 6,5 millones, satisfaciendo su propia demanda, e incluso pudiendo exportar. Pero la realidad no se ha desenvuelto así, y muy por el contrario, nos mantenemos con un déficit de unos tres millones de toneladas, en un proceso en el cual no se ven indicios de resolver el tema, a menos que haya una política concertada a escala nacional y al más alto nivel.
Mas concretamente, en la cornisa del Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, extendiéndose hasta Navarra, el área de España con pastos naturales por la mayor pluviosidad) hay una especie de estancamiento productivo; incluso, en algunas áreas, una regresión por el hecho de que muchos ganaderos se van retirando de su oficio y de sus tierras, disminuyendo así el número de explotaciones, con una tendencia que amenaza con recortar las producciones.
Claro es que hay grandes diferencias, en paralelo a la disparidad de la propia España en regiones muy distintas. Con marcas potentes, de producción intensiva, como son Leche Pascual a escala de todo el país, así como las interproveedoras de Mercadona, la empresa de distribución a la cabeza del ranking. También habría que mencionar el grupo francés Lactalis, que absorbió Puleva y otras productoras.
En el curso de la sesión, tras la presentación del tema por las personas ya citadas, hubo en la mesa redonda de La Granda intervenciones en las que se apreció que estamos ante un problema no solo económico, sino también antropológico. Por el hecho de que la agricultura en directo en explotaciones pequeñas y medianas está en franca regresión. Entre otras cosas, porque hay una especie de sensación de que ser agricultor, si no es con grandes extensiones de tierra y mucha maquinaria y empleo, es algo que pertenece más al pasado que al futuro.
Por lo demás, nuestro Ministerio de Agricultura no ha dado muestra de investigar sobre transformaciones necesarias, tal vez pensando en que sólo el mercado, con las leyes de la oferta y la demanda, puede producir los reajustes inevitables. Cuando en la política del campo, lo normal es regularla, porque está sometida, como expresó el profesor Velarde en el debate, a la Ley de King, según la cual una pequeña oscilación al alza en los niveles de producción puede ocasionar caídas muy fuertes en los precios de mercado. Y, viceversa, una menor oferta, genera fuertes elevaciones de precios; cosa cada vez menos frecuente en la UE, con altos rendimientos productivos y cada vez más excedentes de productos.
Tuve ocasión de completar la observación anterior al subrayar que además de la Ley de King, funcionan en el agro económico otras dos leyes, que son las de Turgot y Engel. Que se refieren, respectivamente, a los rendimientos decrecientes y al tope de capacidad de consumo de productos agrarios por persona; esto último, a diferencia de la demanda muy elástica de servicios más diversos.
En este artículo, escrito sobre la marcha con los recuerdos de la mesa redonda de La Granda, lo que se plantea, para terminar, es la necesidad de que el sector vuelva a tener una tendencia al alza. No puede un país resignarse a dejar su agricultura a la suerte de una serie de ondas sucesivas sobre eutanasias sectoriales. Seria lamentable, por muchas razones, pero principalmente por las tres circunstancias siguientes: el sector agrario sigue siendo estratégico, porque no da de comer y mucho de exportar; es la base, además, de una potente industria agroalimentaria; y adicionalmente, los 700.000 agricultores que quedan, deberían de ser los guardianes de la naturaleza, estando cada vez más pendientes del medioambiente.
Y ahí va nuestra propuesta final: del debate de La Granda sobre el problema lácteo de la cornisa del Cantábrico, debería proseguir, e incluso crearse un grupo de trabajo, apoyado por las Administraciones Públicas y el propio sector lácteo, para tratar de apreciar los cambios futuros, y proponer, en consecuencia, las transformaciones necesarias. España puede producir más leche y en mejores condiciones. Ese es el reto que tenemos y que se trató en un debate que no debería quedar archivado, sin más.
Ramón Tamames es catedrático de Estructura Económica (UAM), Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
