UGT de Asturias ha propuesto al juzgado instructor del caso sobre el presunto fraude en los cursos de formación cubrir la mayor parte de la fianza por responsabilidad civil aportando garantías hipotecarias sobre cinco inmuebles propiedad del sindicato, entre ellos su sede de Gijón. Una parte notable del patrimonio de UGT en la región queda así atada al desenlace del juicio penal al que se enfrentan como acusados la propia organización, como persona jurídica, y cinco exdirigentes. La Fiscalía les atribuye delitos de defraudación de subvenciones por 1,2 millones, mediante el desvío de dinero de los cursos para financiar el sindicato

El pasado junio, el citado juzgado fijó una fianza de 1,6 millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas en que pudieran incurrir los procesados en el caso de que la sentencia sea condenatoria. La resolución conminó así al sindicato y a los otros encausados -entre ellos, el exsecretario general Justo Rodríguez Braga-, a que aportaran bienes o garantías por la citada cuantía, bajo apercibimiento de que, de no ser así, sus propiedades serían embargadas preventivamente.

El pasado 22 de julio, los abogados de UGT presentaron al juzgado una propuesta en la que el sindicato, señalado como responsable civil directo por valor de 163.000 euros y subsidiariamente del conjunto de los 1,6 millones, ofrece como garantías para cubrir la fianza requerida cinco propiedades inmobiliarias tasadas en 1,044 millones. La relación es la siguiente: dos inmuebles en Gijón, entre ellos la sede principal en la ciudad, situada en calle Pintor Mariano Moré y tasada en 400.755 euros, y otra ubicada en la calle Marqués de San Esteban, con un valor de 358.566 euros; la sede de Pola de Siero, un local de planta baja valorado por una consultora en unos 126.000 euros, y dos locales más de Villaviciosa (90.476 euros) y de Navia (68.000).

En su escrito al Juzgado, UGT considera que esas garantías hipotecarias cubren la responsabilidad civil que de manera provisional se ha exigido, ya que, por su lado, cuatro de los cinco exdirigentes consultados han consignado en metálico 300.000 euros. Una quinta procesada, exadministradora de Localmur, sociedad vinculada a UGT, estaba emplazada a presentar fianza por valor de 750.000 euros.

Miembros de Unidas Podemos sostienen que el dinero en metálico consignado por los exdirigentes procesados procede del propio sindicato y lo relacionan con las dificultades que ahora tiene UGT para pagar la nómina de agosto a sus trabajadores. La dirección ugetista lo niega y atribuye el retraso en el abono de los salarios a un problema puntual de liquidez.