Duro Felguera no concurría a 31 de diciembre en las causas tipificadas por la Unión Europea para determinar que una empresa está en crisis, por lo que la compañía asturiana "es elegible para beneficiarse de las medidas de ayuda estatal" para sociedades afectadas por el covid, según un dictamen elaborado, a petición de Duro, por la oficina en Bruselas del despacho jurídico neoyorquino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
El informe fue incorporado por la ingeniería gijonesa en su petición para la entrada del Estado en su capital por un importe de 30 millones y el otorgamiento de préstamos participativos por otros 70 millones.
Según este dictamen, el grupo no se halla en situación de insolvencia según la norma española, incurrió un año (el de su grave crisis en 2018) en un endeudamiento superior a 7,5 veces el capital pero no en dos ejercicios consecutivos que exige la norma europea para ser considerada empresa en crisis, y a su juicio tampoco incumpliría la ratio de cobertura de intereses, otro de los requisitos.
Duro mantiene conversaciones con la familia Domínguez de Gor, dueña de Mayoral, para que regrese al accionariado, dijo ayer "Cinco Días". La dinastía fue el mayor accionista de Duro hasta el pasado 25 de agosto.
