Pocos, por no decir nadie, pueden discutir que la justicia lleva sus propios tiempos. A veces la máxima se hace aún más visible, como está a punto de ocurrir con el "caso Bankia", ya solo pendiente de que la que la Audiencia Nacional dicte la sentencia que determinará si la entidad maquilló o no sus cuentas para salir a Bolsa. Si la Sección Cuarta de lo Penal no la dicta en las próximas semanas, es probable que Bankia ya no exista como tal, si se confirma en las próximas semanas su acuerdo de fusión con Caixabank para crear el primer banco de España.
Para la justicia, que esa circunstancia se produzca o no carece de relevancia, porque lo que debe determinar el tribunal presidido por Ángela Murillo se limita a si hubo engaño o algún otro tipo de responsabilidad penal en sus entonces responsables a través de la prueba que vio durante el juicio. Y es gigantesca, porque la vista oral, en la que compartieron banquillo 34 exresponsables de la entidad por estafa y falsedad, se prolongó desde noviembre de 2018 hasta octubre del año pasado.
Pese a ello hubo un momento en que, según señalaron fuentes jurídicas, parecía que no se demoraría más allá de unos meses, porque extraoficialmente se señalaba como probable fecha de la resolución el pasado mes de febrero. No fue así y luego llegó el teletrabajo impuesto por el coronavirus a la Audiencia Nacional y a toda la sociedad. En cualquier caso, aunque la sentencia se conociera cualquiera de estos días, aún faltan años para conocer la última palabra de la justicia, porque sea cual sea el veredicto podrá ser recurrido ante la Sala de Apelación de la propia Audiencia y luego ante el Tribunal Supremo.
En su día el alto tribunal avaló en líneas generales el criterio de la Sección Cuarta con las "tarjetas black ", un escándalo que prácticamente queda en anécdota en comparación con el propio "caso Bankia", cuya instrucción se prolongó nada menos que siete años y cuatro meses. Los flecos de Caja Madrid que en algún momento también formaron parte de la instrucción acabaron siendo archivados, lo que redujo las actuaciones judiciales pendientes al juicio, cuya sentencia se está a la espera, y el procedimiento seguido en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el primer presidente de la entidad, el asturiano Rodrigo Rato, por delitos fiscales y haberse presuntamente enriquecido, entre otras prácticas, con sus contratos de publicidad.
Quizá esa otra imputación, aún pendiente de juicio, es lo que llevó a Rato, ya condenado a cuatro años y medio de cárcel por las "black", a ser el único de los acusados que hizo uso de la última palabra para asegurar que el juicio por la debacle de Bankia se debía a "las decisiones tomadas por el consejo" que le "sustituyó", al solicitar "ayudas públicas", en referencia al mayor rescate de una entidad financiera, con 22.424 millones de euros.
Según su versión, el consejo de administración nombrado por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, lo hizo por "razones de futuro, no de pasado, y en base a los cambios" que se esperaban en la regulación bancaria.
Añadió Rato que "la crisis financiera fue mucho peor en el 2012, el 2013 y el 2014", pero la reformulación de las cuentas del 2011 del equipo de Goirigolzarri supuso pasar de 300 millones de beneficios a pérdidas de 3.000.
Con la sentencia se sabrá si el vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años y medio de prisión, convenció con sus palabras al tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el "caso Bankia" o, como le ocurrió con las "black ", acaba en prisión.
