La investigación interna realizada a la alta dirección de Duro Felguera por la consultora KPMG Asesores por encargo de la ingeniería asturiana "ha detectado actuaciones irregulares cometidas por empleados del grupo y otras personas ajenas al mismo", según comunicó ayer la dirección de Duro a los trabajadores en un comunicado interno.
El grupo no identifica en su nota interna a los posibles autores de las supuestas irregularidades pero anuncia que el consejo de administración ha decidido "ejercitar cuantas acciones le correspondan en Derecho ante las instituciones y organismos correspondientes". Entre las medidas correctivas previstas, Duro menciona "la desvinculación de la sociedad de aquellas personas que las han cometido". La compañía encargó en julio un informe "forensic" a KPMG para clarificar, según dijo entonces Duro Felguera, si pudiera haber conexiones internas con las fortísimas oscilaciones registradas en las cotizaciones bursátiles de la empresa en determinados periodos de los últimos meses.
Esta actuación, que supuso la intervención de ordenadores, otro material informático y teléfonos móviles de empresa, suscitó el rechazo en determinados ámbitos de la plantilla y fue una de las causas -junto a otros argumentos y quejas- de que parte del equipo de alta dirección dirigiera una carta al consejo en la que expresaron su discrepancia con la gestión. La protesta dio lugar a dos destituciones y a una dimisión en el primer nivel directivo del grupo. Los directivos destituidos emprendieron una acción judicial contra la presidenta, Rosa Aza, por vincular con posibles maniobras bursátiles la queja contra la actuación del consejero delegado, José María Orihuela. Duro sostuvo entonces que la investigación interna ya se había hecho el año pasado sin que suscitara rechazo y que en ambos casos -tal y como repitió ayer la empresa- se llevó a cabo "de forma correcta y respetuosa con los derechos de todos los afectados, incluidos los miembros del consejo". Por el contrario, el comité laboral de Duro expresó el 16 de julio al consejo de administración que en la investigación no se habían seguido "los procedimientos legales" y "con las debidas garantías", lo que calificó de "atropello".
En su notificación de ayer a los empleados, la ingeniería considera que las acciones detectadas han causado "una grave pérdida en la credibilidad de la compañía, y hubieran podido, incluso, haber comprometido su viabilidad, ya que podrían estar detrás de las fluctuaciones que ha tenido nuestro valor en Bolsa en los últimos meses".
El grupo de ingeniería se compromete a una actuación decidida para "el cese inmediato de las irregularidades identificadas", el relevo de las personas que pudieran haberlas realizado y "la defensa de la compañía, sus empleados, accionistas, clientes y potenciales inversores, así como su viabilidad". La empresa reclamó ayer a sus empleados "un comportamiento ético, acorde a las normas internas (...) y a la legislación vigente".
Esta investigación no es la única que Duro está llevando a cabo. El grupo, que ha pedido su rescate por el Estado y está pendiente de que la banca le restablezca el apoyo financiero, investiga desde hace meses la gestión de anteriores equipos. En marzo, Duro presentó por esta causa una querella contra el expresidente ejecutivo Ángel del Valle.
Representantes sindicales de CSI, CGT y CC OO en varias filiales de Duro Felguera pidieron a la directora general de Industria, Rosana Prada, el apoyo del Principado para la salvación del grupo con la entrada del Estado en su capital.
