Desde hace un par de semanas los despachos laboralistas y de los gestores administrativos vienen constatando una tendencia preocupante: las consultas de empresas que pretenden poner en marcha regulaciones de empleo y, consecuentemente, despidos para aliviar su alarmante falta de carga de trabajo se están multiplicando. La situación la describe muy gráficamente el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos del Principado, Carlos Rodríguez-Noriega. "Esperamos un aluvión de regulaciones basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción", explica, "en esta situación de incertidumbre casi permanente, la planificación y toma de decisiones por parte de los empresarios se demora y eso afecta al futuro de las empresas".
La petición de información se ha incrementado, además, desde que esta semana el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegurara que el "café para todos" con los ERTE se iba a acabar. Lo que traducido significa que no todos los sectores van a tener a partir de ahora las mismas beneficiosas condiciones para aligerar temporalmente su plantilla. Rodríguez-Noriega asegura que sectores como el de la hostelería, el turismo y el comercio pueden ser los que más dificultades tengan a partir de ahora. "La mayoría visualiza ya un escenario sin las bonificaciones actuales de los ERTE y se están planteando cuáles serían las posibles soluciones para la adecuación de las plantilla a la realidad de sus negocios", asegura.
El del comercio, por ejemplo, es uno de los que podría quedarse fuera de la prórroga de los ERTE, según temen los laboralistas. Eso puede provocar una oleada de cierres y, conscuentemente, de despidos, apuntan desde los despachos. "El problema es que muchas empresas ya no tienen dinero y están aguantando con los ahorros que tenían desde antes de que estallara la crisis", señala el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, Marcos Martínez, "y la mayoría son pymes, compañías en las que gana más el empleado que el propio autónomo".
Rodríguez-Noriega añade: "La situación económica sigue siendo muy delicada y los nuevos rebrotes no ayudan en nada. Algo habrá que hacer. Nuestra posición es que mientras dure esta situación se prorroguen los ERTE en las condiciones actuales sin excluir a ningún sector". Aunque el Gobierno parece que no está por la labor. El problema, puntualizan los laboralistas, es el de la incertidumbre. El mayor agujero negro está en los trabajadores autónomos. Son los que más riesgo corren ahora mismo y después de que las ayudas se hayan ido agotando. "El autónomo, aunque no ha sido olvidado en esta crisis, sí ha sido uno de los colectivos que más la está sufriendo. Se tomaron medidas de apoyo como el cobro de la prestación por cierre, la suspensión de las cotizaciones o la posibilidad de aplicar ERTE por fuerza mayor, pero a partir de junio se están diluyendo", agrega.
Según Marcos Martínez, durante años en España, y por extensión en Asturias, se fomentó lo que denomina como la "burbuja del emprendedor". Se hizo, señala, desde la crisis anterior, la que comenzó en 2008. Son esas compañías las que peor lo pueden pasar ahora. De hecho, la gran mayoría de ellas tiene muchas dificultades para poder superar los tres años de vida. "Pasado ese tiempo, casi el 80% de ellas desaparece", señala.
Esta misma semana, la asociación de autónomos ATA presentó una encuesta en la que asegura que el 60% de los trabajadores por cuenta propia considera fundamental que se prolonguen las bonificaciones de los ERTE para poder mantener abiertos sus negocios. En Asturias, hubo unos 35.000 autoempleados que en su momento recibieron la ayuda por cese de actividad.
Los despachos de los laboralistas están observando también un fenómeno curioso. Desde un tiempo a esta parte está aumentando el número de consultas de trabajadores que quieren jubilarse de forma anticipada. Van pidiendo información y que les hagan cálculos de cómo les podría quedar la pensión si dejaran ya el trabajo. Está ocurriendo por dos razones, explica Marcos Martínez. Por un lado, porque muchos tienen miedo a perder su empleo y auguran muchas dificultades para encontrar otro tal y como está la situación ahora mismo. Y, por otro, porque temen que el Gobierno, dentro de las medidas de ahorro que vaya a tener que abordar para seguir haciendo frente a la crisis del coronavirus, pueda poner en marcha algún tipo de recorte en las pensiones. "Muchos de los que reclaman esa información es porque piensan que ahora mismo lo más seguro es cobrar una pensión", asegura. De hecho, el propio José Luis Escrivá presentó esta semana en el Congreso de los Diputados las medidas que considera fundamentales para reformar el sistema de las pensiones y así reforzar el sistema de la Seguridad Social. Son, a su juicio, retrasar la edad de jubilación; fomentar los planes de pensiones de empresas -para fomentar que los trabajadores ahorren de forma individual para su jubilación-; y blindar la revalorización con el IPC.
