El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido aplicar la subida y los atrasos pendientes en las nóminas del personal laboral en la Administración General del Estado, después del anuncio de movilizaciones y los diferentes conflictos colectivos planteados por los sindicatos ante el incumplimiento en el IV Convenio Único.

Los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019, según ha cuantificado CSIF en una nota.

El sindicato celebra que el Ministerio haya reconducido su postura y espera iniciar pronto las negociaciones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado en materia salarial, así como la oferta de empleo público de 2021, para abordar las necesidades urgentes de las plantillas agravadas por la situación de pandemia.

Este acuerdo será ratificado el próximo jueves en el seno de la Comisión Negociadora del convenio, y espera que el pago de las cantidades adeudadas, correspondientes a 2019 y 2020, se realice antes de que concluya el año.

Además, CSIF destaca que ha conseguido que el Ministerio se comprometa a desarrollar otros aspectos incluidos en el Convenio Único, como la puesta en marcha de un concurso de personal abierto y permanente, la negociación de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y los procesos de cambio de régimen jurídico del personal, así como una revisión del sistema complementario de retribuciones.