Sánchez promete 800.000 empleos con el dinero de Europa y acelera aún más la descarbonización

El Presidente presentó ayer mediante videoconferencia (en un pomposo acto introducido por el pianista James Rhodes interprentendo el "Himno de la Alegría") el "Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española", que con la inyección de fondos de la UE (140.000 millones hasta 2026) permitirá a España "crecer de una nueva manera, sobre unos pilares más robustos", según Sánchez. El plan "de modernizacion" tendrá como principales palancas la transición ecológica (que absorberá el 37% de los 72.000 millones de fondos europeos que se movilizarán en los tres primeros años, 27.000 ya en 2021 si se aprueban los presupuestos) y la transformación digital (que absorberá el 33%).

La inversión para afrontar la descarbonización irá acompañada de una aceleración de los ritmos previstos en el recorte de emisiones. Pedro Sánchez afirmó que "el Gobierno persigue acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos del plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030, adelantando a 2023 los objetivos intermedios que nos marcamos para 2025", e incidió en que "no sólo reafirmamos, sino que además vamos a acelerar nuestros compromisos con esa transición ecológica".

Junto con el sector de la generación de energía, que se ha adelantado a las metas de reducción de emisiones con el cierre de centrales de carbón, los sectores más afectados por el recorte de CO2 son los de la industria (que tenía fijada un reducción de emisiones de combustión del 17,7% entre 2015 y 2025), el transporte (6,6%) y el residencial (15,5%). Para los dos últimos, el plan presentado ayer por Sánchez ya incluye medidas concretas como el despliegue del coche eléctrico (250.000 unidades en tres años y 100.000 puntos de recarga) o la rehabilitación de 500.000 viviendas para mejorar su eficiencia energética. Sin embargo, en el caso de la industria, viga maestra que sustenta en buena parte a la economía asturiana, Sánchez no entró en detalles y se limitó a afirmar que "el plan va a reforzar las capacidades industriales de nuestro país a través de inversiones y el desarrollo de tecnologías claves para el futuro".

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que adelantar los objetivos de descarbonización a 2023 "es posible y además es un vector de movilización económica" del que, señaló, también se podrá beneficiar la industria con, por ejemplo, la fabricación de componentes para el despliegue de las renovables o el desarrollo de la economía circular. El vicepresidente Pablo Iglesias

Junto a la transición verde, las otras tres grandes transformaciones que el Gobierno ha situado en el centro de su estrategia son la digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Para avanzar en la transformación digital se extenderá la formación a más de 2,5 millones de pymes y se perseguirá que la cobertura 5G llegue al 75 % de la población, al tiempo que se formará en teletrabajo a 150.000 empleados públicos.

Durante su intervención, Pedro Sánchez desgranó las "diez políticas tractoras" que guiarán el plan de recuperación y que tendrán como ejes trasversales las cuatro grandes transformaciones. Las políticas son:

Copará un 16% de los recursos e incluye mejorar la habitabilidad de las ciudades, dar respuesta a las necesidades de las zonas rurales y mejoraras en la agricultura.

"Somos la Costa Rica de Europa", señaló Pedro Sánchez para destacar la necesidad de preservar la biodiversidad. Se destinarán partidas para la conservación de los parques naturales, evitar incendios en los bosques, recuperar 10.000 hectáreas de humedales, conservar 3.000 kilómetros de ríos, recuperar aguas o actuar sobre 200 kilómetros de litoral, entre otras actuaciones.

Aunque la transición verde está presente en casi todo el plan, las actuaciones específicas en materia de energía absorben el 9% de los fondos. Se apuesta por el desarrollo de la eólica marina flotante, el autoabastecimiento fotovoltaico, el despegue del almacenamiento energético, el hidrógeno renovable o la reactivación de las zonas más afectadas por la descarbonización como es el caso de Asturias.

A ella se dedica el 5% de los recursos. Además, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció la tramitación de una nueva Ley de la Administración Pública para agilizar los procedimientos.

Se destinarán el 17% de los fondos al apoyo a empresas y a la competitividad industrial.

Contará con el 17% de los recursos, destinados a la mejora de la cobertura sanitaria y a la I+D+i.

Se lleva el 18% de los recursos. Entre las medidas se incluye la creación de 65.000 plazas de educación infantil para niños de hasta 3 años, "una de las asignaturas pendientes en nuestro país" que es sinónimo de desigualdad de oportunidades, según Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo anunció asimismo que habrá 1.460 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para atención del alumnado educativamente vulnerable. Además, se tratará de reducir la brecha digital con la dotación de 250.000 dispositivos con conexión a internet para uso en el hogar y con la creación de Aulas Digitales Interactivas en 19.000 centros educativos. Respecto a la FP, Sánchez destacó que en cuatro años se proponen crear 200.000 nuevas plazas y también se va a impulsar la FP dual ajustándola a las necesidades de cualificación del mercado laboral. Asimismo, se va a extender "la formación profesionalizante accesible" en 3.000 municipios con menos de 5.000 habitantes para afrontar el reto demográfico.

Recibe el 6% de los recursos. Incluye planes de choque para la mejora de las residencias de mayores, refuerzo del sistema de dependencia y modernización de las políticas activas de empleo.

Recibe el 1,1% de los fondos.

Sin dotación, consistirá en el incremento de la progresividad en la capacidad redistributiva.

En materia de gestión, para garantizar la ejecución de los fondos se constituirá una comisión interministerial y una unidad de seguimiento, se crearán vías de colaboración con las comunidades autónomas y se abrirá interlocución con las empresas que participen en los proyectos. Para agilizar la absorción de fondos se eliminarán trabas administrativas y se emprenderán reformas legales para que la gestión sea "impecable y transparente", prometió Sánchez.