La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, declaró ayer en la Audiencia Nacional que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, le hicieron llegar su "preocupación" por la situación del Banco Popular poco antes de su resolución, en 2017, aunque negó que la hubiesen presionado para que adquiriese la entidad. Aunque la compra se cerró por un euro, la operación le costó al Santander, 7.000 millones, dijo, en una ampliación de capital.
Botín declaró como testigo en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
