12 de octubre de 2020
12.10.2020
La Nueva España

La jubilación anticipada voluntaria, en el foco de la nueva reforma de las pensiones

El ministro Escrivá quiere endurecer los retiros antes de la edad legal a los cotizantes con mayores ingresos y fomentar los planes de empresa

11.10.2020 | 23:27
La jubilación anticipada voluntaria, en el foco de la nueva reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha citado para mañana, día 13 de octubre, a la patronal CEOE y a los sindicatos UGT y CC OO para hablar de la cercana reforma de las pensiones. Es un encuentro donde el Gobierno intentará sumar apoyos entre los agentes sociales ante un asunto que podría desencadenar encendidos debates políticos, como ocurrió en 2011 con el ajuste promovido por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y con los cambios que por dos veces impulsó el PP en 2013 con Mariano Rajoy en la Moncloa. La que será por tanto la cuarta reforma de la última década se va a abordar, como las anteriores, en medio de una severa crisis y siguiendo "recomendaciones" de la Unión Europea, esta vez asociadas a las condiciones que aparecen en la letra pequeña de los fondos que va a recibir el país para reconstruir su economía.

El contexto de recesión por los impactos del covid-19 y las indicaciones de Bruselas presagian que los cambios enfocarán principalmente de nuevo a los gastos de sistema, reduciendo en alguna medida su nivel de generosidad. A expensas de que mañana puedan trascender detalles sobre las intenciones de Escrivá y del documento de recomendaciones que los grupos políticos están negociando en la Comisión del Pacto de Toledo, las informaciones y globos sonda lanzados hasta ahora por el Ejecutivo apuntan, entre otras posibles, en las siguientes direcciones: alargar la edad efectiva de la jubilación (algo más de 64 años) para acercarla a la legal (66 años en 2021 con carácter general), algo que requiere actuar sobre los incentivos para retrasar el retiro y/o revisar las condiciones de las modalidades anticipadas; un intento de favorecer los llamados planes de pensiones de empleo en las empresas, y una recomposición del gasto que ahora recae sobre la Seguridad Social para trasladar una parte muy relevante del déficit actual a otro lugar de las cuentas del Estado.

Escrivá ha confirmado en sede parlamentaria que su departamento estudia el modo de estimular el retraso voluntario de la jubilación, algo que en España tiene muy pocos adeptos, sobre todo entre los trabajadores asalariados. La opción de endurecer las jubilaciones anticipadas también está sobre la mesa, aunque ha perdido volumen en las últimas semanas ante las diferencias que ese terreno han aflorado entre el Ministerio de José Luis Escrivá y el de Trabajo de Yolanda Díaz. No obstante, el borrador del plan de reconstrucción presentado estos días por Pedro Sánchez y que será remitido a la UE incluye una alusión a la necesidad de ajustar "elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas". Si tal expresión se refiere o no a cambios de gran alcance en las condiciones de edad o cuantía de las pensiones para quienes dejan de trabajar prematuramente supone por ahora una incógnita, aunque sí es conocido que el ministro tiene puesto el foco en dos cuestiones: la escalada que se ha producido en las jubilaciones anticipadas voluntarias (8% del total en 2012 y 16% en 2019) y un problema de equidad en las penalizaciones económicas que tienen quienes se retiran antes de la edad legal utilizando esa vía.

Tal "distorsión" puede resumirse así: una persona con un salario y una cotización medios y con 38 años de vida laboral tiene, al jubilarse anticipadamente de manera voluntaria, una penalización del 2% por cada trimestre de adelanto respecto a la edad legal en la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión; en cambio, alguien con ingresos altos tendría una rebaja efectiva menor porque, tras aplicar los coeficientes reductores sobre la base reguladora, el resultado aún sería superior a la pensión máxima, de modo que tendría derecho a ella rebajada en un 0,5% trimestral conforme a un mecanismo de ajuste incluido en 2013. Esto es, el trabajador con ingresos medios que se retira dos años antes de la edad legal vería menguada su pensión en el 16% y el de ingresos mayores, en el 4%.

En Asturias, las jubilaciones antes de los 65 años han disminuido en los últimos años (los jubilados de entre 60 y 64 del régimen general eran más de 9.500 en 2013 y son menos de 8.000 ahora), aunque ello ha ocurrido, no por singularidades relacionadas con las modalidades ordinarias de jubilación anticipada, sino por el endurecimiento de la jubilación parcial con contrato relevo, profusamente utilizada hasta 2019 a partir de los 61 años.

En línea con las sugerencias del Pacto de Toledo, el ministro Escrivá es partidario de fomentar los planes de pensiones en las empresas como complemento al sistema público. La idea general que ha trascendido consiste en reducir las ventajas tributarias de los planes privados e incentivar los técnicamente llamados planes de empleo. La propuesta es cuestionada por el sector financiero y tiene una debilidad estructural: la dificultad de extender los referidos planes en un tejido productivo en su mayoría compuesto por empresas muy pequeñas.

José Luis Escrivá defendía ya antes de ser ministro, cuando dirigía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que la Seguridad Social estaría cerca del equilibrio presupuestario si fuera liberada de gran cantidad de gastos que considera "impropios" (prestaciones desvinculadas de las cotizaciones, incentivos a la creación de empleo y al emprendimiento, costes administrativos...). Su propuesta es que tales gastos se deslocalizen hacia la Administración General del Estado. El déficit ahora alojado en el sistema de previsión social, que se está aproximando a los 30.000 millones de euros, cambiaría de sitio, aunque no desaparecería de las cuentas públicas.

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