14 de octubre de 2020
14.10.2020
La Nueva España

Los partidos aparcan la opción de calcular las pensiones con toda la vida laboral

Permitir a los trabajadores afectados por crisis elegir los 25 años con mejor cotización, entre las propuestas que maneja el Pacto de Toledo

14.10.2020 | 01:14
José Luis Escrivá.

Los trabajadores afectados por procesos de crisis que hayan tenido un impacto relevante en sus historiales de cotización a la Seguridad Social podrán elegir los 25 mejores años de su trayectoria laboral para el cálculo de la pensión cuando lleguen a la edad del retiro. Será así si se incorpora a la próxima reforma del sistema público de previsión social una de las propuestas que está concitando mayores apoyos de los partidos políticos dentro de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de formular recomendaciones en pos de que se consiga un alto grado de consenso en materia de pensiones.

Los trabajos de esa comisión para concertar un documento de propuestas podrían concluir en cuestión de días y lo que se conoce de las negociaciones entre los grupos indica que ha quedado aparcada una opción que se ha barajado en ocasiones precedentes para modificar el procedimiento de cálculo de la cuantía de las pensiones: ampliar el período de cómputo a toda la vida laboral del futuro jubilado.

El importe de las nuevas pensiones se calcula a partir de la base reguladora, para la que se tienen en cuenta las cotizaciones del trabajador durante un período de tiempo que hasta 2013 suponía los quince años inmediatos anteriores al retiro. Desde 2013, y en aplicación de la reforma de las pensiones aprobada en 2011 con el PSOE en el Gobierno, el período de cómputo fue incrementándose gradualmente. Para 2020 es de 23 años y en 2022 se llegará a los 25 que la citada reforma marcó como objetivo.

La posibilidad de una nueva ampliación para incluir toda la vida laboral, como ocurre en algunos países europeos (Alemania, entre ellos), ha estado presente en el débate público de las pensiones durante los últimos años. El PP llegó a proponerlo a principios de 2018, con Mariano Rajoy aún en la Moncloa y siendo Fátima Báñez ministra de Trabajo. Y el hoy ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó en 2019 un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo que entonces presidía, donde se abogaba explícitamente por un cómputo más allá de los 25 años. Aquel documento recogía una simulación según la cual llevar ese plazo hasta los 35 años reportaría al sistema un ahorro equivalente a 0,5 puntos anuales de producto interior bruto (PIB) en el horizonte de 2048.

Con carácter general, ampliar la porción de la vida laboral que se tiene en cuenta al calcular la pensión supone un ahorro porque para una mayoría de individuos puede significar cobrar una pensión más pequeña que si el cómputo se ciñe a la segunda mitad de la trayectoria, cuando a menudo el estatus profesional y el salario de los trabajadores son más altos. Pero depende de cada caso. En particular, un período mayor resulta ventajoso para aquellas personas que en la última etapa en activo sufrieron paro o recortes salariales como consecuencia de crisis empresariales o generales.

Extender el período de cómputo a toda la vida laboral no figura ya entre las recomendaciones que los partidos están negociando en la comisión del Pacto de Toledo. En cambio, se está abriendo paso otra medida que atañe a la forma de calcular la pensión: habilitar un procedimiento para que, en ciertas circunstancias, los trabajadores afectados por crisis en la última parte de su trayectoria profesional puedan elegir los 25 años de cotización que se tendrán en cuenta. Es una fórmula que evitaría el riesgo de mermas significativas en las prestaciones de los nuevos jubilados que encajen en ese perfil. Francia permite esa elección para el conjunto de los trabajadores.

Paralelamente a las negociaciones parlamentarias, el diálogo sobre las pensiones echó a andar ayer también entre el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC OO. Durante un primer encuentro con el ministro Escrivá, las centrales sindicales pidieron que se derogue una de las reformas que promovió el PP en 2013 y que supuso la creación de un mecanismo de revalorización que cuasicongeló las pensiones hasta 2018 y un ajuste para ligar la cuantía de las nuevas jubilaciones a la esperanza de vida desde 2022. Ambas medidas están suspendidas, aunque no derogadas.

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