El Gobierno prevé ingresar 6.487 millones adicionales en el 2021 como consecuencia de las subidas de impuestos previstas por el Ejecutivo para el año próximo y de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. Así figura en el Plan Presupuestario del conjunto de las administraciones para el 2021 que el Gobierno ha remitido a Bruselas este jueves y que incluye una subida del 0,9% de las pensiones para el año próximo.

La cifra de mayor recaudación por medida fiscales incluye los 828 millones previstos por aplicación del proyecto de ley de lucha contra el fraude. El resto, son subidas de impuestos por un total de 5.659 millones de euros. Este cálculo incorpora los nuevos impuestos sobre servicios digitales (968 millones) y transacciones financieras (850 millones) cuyas leyes ya han sido aprobadas definitivamente por el Parlamento.

Además, se incluye la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, con el que se prevé recaudar 491 millones. También, el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% (340 millones). Para una lata de refresco con un precio actual de un euro, el incremento sería de 11 céntimos. En Cataluña existe además un impuesto autonómico sobre estas bebidas.

La subida de impuestos por 5.659 millones prevista para el 2021 incluye otras medidas tributarias que no se detallan en el documento remitido a Bruselas y que podrían estar pendiente de negociación entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos.

Así, el documento alude de forma genérica a medidas en el ámbito de la fiscalidad verde, que no precisa, por importe de 1.311 millones en el 2021. Y no está claro si se apunta a una nueva fiscalidad para el diésel.

También recoge 550 millones en 2021 y 1.998 millones en 2022 por subidas en la imposición directa a las rentas más altas. De nuevo, aquí no existen detalles ni se precisa cuál es la subida que podría experimentar el IRPF, ni si se está hablando también de Sociedades o del impuesto sobre el Patrimonio.

Por último se apunta a una mayor recaudación de 1.509 millones en el 2021 por imposición indirecta. Queda sin resolver si esta cifra puede tener que ver con la posible eliminación de la exención en el IVA de los servicios privados de sanidad y educación, que está sobre la mesa de negociación que mantienen los socios de coalición del Gobierno.Subida de las pensiones

El documento incluye la previsión de una subida de las pensiones del 0,9% para el año próximo, tal como adelantó este miércoles EL PERIÓDICO. También asume la implementación plena del Ingreso Mínimo Vital y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, de modo que este pasará de 12 a 16 semanas.

La subida prevista para las pensiones, del 0,9%, es la misma que la que se ha aplicado en el 2020. En todo caso, el Gobierno se reserva la decisión final sobre las prestaciones públicas al resultado de la posterior negociación política (en el marco de Pacto de Toledo) y con los agentes sociales.

El plan presupuestario no hace referencia a la posible variación de los sueldos de los empleados públicos para el año próximo que, según mantienen las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, se prevé que sea de un incremento del 0,9%. Hacienda, sin embargo, no confirma, ni desmiente, este extremo. En el 2020, la subida ha sido del 2%.

El incremento salarial para los empleados públicos también forma parte de las cuestiones que aún siguen negociando los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Desde el miércoles y a lo largo de este jueves el Gobierno ha estado incorporando múltiples modificaciones en el texto del plan presupuestario.Procedimiento europeo

La presentación de un plan presupuestario ('draft', en la terminología de la Comisión Europea) ante la Comisión Europea antes del 15 de octubre forma parte de los mecanismos de gobernanza de las cuentas públicas que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Todos los países deben presentar a Bruselas las grandes líneas presupuestarias de todas las administraciones públicas para el año próximo y someterlas a examen de la Comisión Europea, que debe validarlas o sugerir cambios en un informe que emitirá en noviembre.

El plan presupuestario no es lo mismo que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentará en el Congreso de los Diputados antes de que acabe el mes de octubre (con varias semanas de retraso respecto del tope legal, establecido en el 30 de septiembre). Sin embargo, el plan presupuestario sí debe incluir las grandes cifras de ingresos y gastos de las administraciones públicas, así como el escenario macroeconómico en el que se deberán desenvolver las cuentas.

Así, el texto recoge el techo de gasto del Presupuesto del Estado para el 2021 aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, que se acerca a los 200.000 millones (el 53% más que el del 2019) tras incoporar 27.436 millones de transferencias del Fondo Europeo de Reconstrucción (sobre el total de 71.604 millones previstos para España hasta el 2026; 140.000 millones, si se incluyen los préstamos)

Hacienda prevé que el déficit público se elevará al 11,3% del PIB este año (frente al 10,3% estimado en abril) y que se corregirá hasta el 7,7% en el 2021. Para el 2020 se ha elevado la previsión del deuda pública desde el 115% del PIB al 118%. Para el 2021 se prevé una tasa de deuda pública del 117,4% del PIB.

Además, el texto incorpora el escenario macroeconómico construido por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con un recesión del 11,2% este año y un rebote para el 2021, con un crecimiento del 7,2%, que podría elevarse al 9,8% si se produce la plena absorción de los fondos comunitarios previstos. En este caso, la creación de empleo se elevaría a 600.000 puestos en el 2021 (200.000 más que en ausencia de los fondos, según las estimaciones de Economía) y la tasa de paro pasaría del 17,1% prevista para el 2020 al 16,3% el año próximo (frente al 16,9% sin aplicación de los fondos).