La Autoridad fiscal (Airef) aboga por reformar el sistema de ayudas públicas a la contratación y reorientar los 2.900 millones de euros que anualmente destina el Gobierno a costearlo. Más focalizados en los colectivos más vulnerables y especialmente apuntaladas durante los momentos de recesión. Y, ante la actual crisis, los jóvenes deben ser el principal beneficiario de esas reformas. Este es el esquema que recomienda la entidad presidida por Cristina Herrero para reorientar los incentivos públicos a la contratación, tal como presentó ayer en rueda de prensa. También instó al Ejecutivo a acelerar la implantación de un sistema de cotización por ingresos para los autónomos y, en ese impás, mantener la tarifa plana. Los incentivos públicos a la contratación absorbe anualmente 2.900 millones del presupuesto público, casi la mitad de lo destinado a políticas activas de empleo. Y tiene por objetivo reducir la segunda tasa de paro más elevada de la UE. Nos obstante, Herrero también recordó que los incentivos son solo una de las piezas del puzle. "Pensar que se puede sustituir las reformas estructurales que necesita nuestro mercado de trabajo es un error", afirmó.
