"En el peor año es cuando menos compensaciones vamos a recibir", se quejó ayer el presidente de Asturiana de Zinc (Azsa), Íñigo Abarca, a propósito de los recortes y retrasos que se están produciendo en los mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva para abaratar la factura eléctrica: el estatuto pendiente de aprobar, la compensación por los costes indirectos del CO2 o los cambios en el llamado servicio de interrumpibilidad. Durante un encuentro de directivos, Abarca apuntó hacia el Gobierno central: "Pedimos que se nos trate dentro de lo que existe en otros países; no valen las disculpas sobre si lo impide o lo deja de impedir la UE; es una cuestión de decisión del estado miembro, de dotar una cantidad en los presupuestos si quieres que la industria electrointensiva siga adelante".
Las empresas electrointensivas, en especial las grandes fábricas asturianas de Azsa y de ArcelorMittal, venían transmitiendo su posición sobre los problemas energéticos a través de las organizaciones patronales. Ayer, Íñigo Abarca hizo por primera vez explícito en público el malestar de esta compañía con la política energética del Ejecutivo durante su participación en un foro empresarial organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). "El diferencial de precios con otros países europeos como Francia y Alemania está entre 22 y 25 euros por megavatio; irónicamente, en el precio del mercado tendemos a la convergencia con ellos -este año las cotizaciones en los mercados mayoristas de los tres países casi se han igualado-, pero las diferencias están en las compensaciones y costes regulatorios, en todo lo que está en manos del Gobierno".
Abarca añadió esta explicación: "La gente se preguntará por qué una industria necesita compensaciones y le parecerá que está subvencionada. Las ayudas de Estado están prohibidas en la UE, salvo que entren en ciertas excepciones. Hay directrices destinadas a facilitar ciertas actividades, a evitar la 'fuga de carbono' (deslocalización) o para compensar los costes que suponen algunas políticas". Y agregó: "¿Qué pedimos? Que se nos trate dentro de lo que existe en la normativa europea y de acuerdo con lo que tienen otros países donde verdaderamente se lleva a cabo una compensación".
Abarca enfatizó que el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de mejorar el tratamiento a la industria básica asturiana y de hacerlo dentro de la legislación comunitaria que a menudo invoca para justificar la limitación de las ayudas. Y el directivo previno de que el problema de los costes energéticos está minando las opciones del país de atraer inversión. "Tenemos que competir dentro de nuestro propio grupo -el gigante global Glencore- con otros países; se hace muy difícil llevar a cabo determinado tipo de proyectos aquí que de otra manera se desarrollarían sin lugar a dudas". Íñigo Abarca había comentado antes que Azsa tiene en marcha una inversión de 110 millones para modernizar su fábrica de San Juan de Nieva (Castrillón) con la construcción de una nueva nave de electrolisis que reemplazará a dos más antiguas.
"Me pregunto si va a servir para algo", dijo también el presidente de Azsa sobre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, regulación comprometida por el Gobierno para abaratar la electricidad a varios sectores industriales. Esa norma suma 15 meses de retrasos y en su versión de borrador quedó muy lejos de las aspiraciones de las fábricas cuya competitividad depende más críticamente de los costes eléctricos. "El criterio debe ser la intensidad energética (cantidad de energía necesaria por producto) de cada empresa, no el consumo. Es nuestra reivindicación y creemos que es muy razonable".
Abarca participó en un coloquio, dentro del foro telemático de APD, junto a Pedro Sainz de Baranda, consejero de Naturgy y Gestamp, y a Jacobo Cosmen, presidente de Alsa en Asturias. Sainz de Baranda, también expresidente de la multinacional de ascensores Otis, incidió en las oportunidades que supone para España la transición ecológica. "Hay un gran apetito de los inversores por las energías verdes; en los próximos años se van a invertir decenas de miles de millones", pronosticó el directivo.El gijonés Sainz de Baranda demandó asimismo que los nuevos fondos europeos de reconstrucción se orienten hacia la inversión productiva y remarcó que para Asturias resultará esencial conseguir "un desarrollo rápido de una red de 5G" e impulsar la formación en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
"Con los fondos europeos hemos de tener una visión a largo plazo y dedicarlos a inversión y no a gasto corriente; lo más importante es tener una estrategia", dijo Jacobo Cosmen. Comentó también que la colaboración entre el sector público y el privado será capital para que España y Asturias promuevan buenos proyectos susceptibles de recibir el apoyo de Bruselas y de favorecer la modernización del tejido productivo.
Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, que intervino en el inicio del foro de APD, hizo esta reflexión sobre los fondos: " La reindustrialización está llamada a jugar un papel esencial en los planes de reconstrucción. Para el tejido empresarial asturiano, la capacidad del sector industrial de impulsar la innovación y el valor añadido, de generar empleo de calidad y empresas resistentes a las crisis tiene que verse como una oportunidad única".
