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El Gobierno planea usar fondos europeos para rebajar la luz a las grandes fábricas

l Una negociación con la UE podría elevar las ayudas a 310 millones | El estatuto electrointensivo sigue sin llegar al Consejo de Ministros

Tren de carril de la acería de Arcelor.

Tren de carril de la acería de Arcelor.

El Gobierno central planea atender parte de las demandas de la industria de un precio más competitivo de la energía reforzando con los nuevos fondos europeos las ayudas previstas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La posibilidad de que grandes fábricas como las asturianas de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (Azsa) o Alu Ibérica (antigua Alcoa) accedan a más recursos para abaratar la luz quedará así sujeta a que las autoridades de la UE autoricen el uso para ese cometido de dinero del conocido como plan de reconstrucción.

Como ya explicó este diario, el proyecto presupuestario para 2021 incluye, dentro de la programación del Ministerio de Industria, dos partidas destinadas a moderar los costes de la industria intensiva en consumos energéticos: 109 millones para compensar el impacto económico de las emisiones de CO2 en la factura eléctrica y 91 millones para financiar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, regulación aún por aprobar. La primera de esas cantidades es un 78% superior a la destinada al mismo fin en 2020, pero todavía está por debajo de las demandas del sector: llegar al máximo legal que autoriza Bruselas y que el pasado año rondaba los 300 millones. La dotación del referido estatuto, idéntica a la prevista en la memoria económica divulgada este año, puede dar a entender que la norma en elaboración no incluirá cambios de gran alcance en relación al proyecto contra el que alegaron los gobiernos de Asturias, Galicia y Cantabria, para exigir un trato favorable a las actividades con consumos más intensos (fabricación de acero, cinc y aluminio, entre ellas) y por ello más expuestas a cierres y deslocalizaciones a causa del precio de la energía.

Ante las demandas del sector fabril y la presión de los territorios concernidos, el Ministerio de Industria trata de aumentar el nivel de ayudas. Fuentes del departamento de Reyes Maroto explicaron que “se está negociando con Europa que parte de los fondos europeos de recuperación vayan a las empresas electrointensivas”.

Según esas mismas fuentes, “no hay nada cerrado” ni sobre cantidades ni sobre el destino concreto al que en su caso se aplicarían. No obstante, en la documentación presupuestaria que se refiere a los nuevos fondos europeos (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) figuran por un lado 91 millones para la compensación de costes de CO2 y 19 millones para el estatuto electrointensivo, cantidades que, según medios empresariales, se sumarían a las consignadas en las cuentas ordinarias del Ministerio. De ser así, la partida ligada al CO2 llegaría a 200 millones de euros y la del estatuto, a 110 millones.

El Gobierno planea usar fondos europeos para rebajar la luz a las grandes fábricas

El Gobierno planea usar fondos europeos para rebajar la luz a las grandes fábricas

De ser así, ambas partidas estarían más cerca de las aspiraciones de la industria, si bien dependerá de lo que determine Bruselas acerca de la pertinencia de usar recursos del plan europeo de recuperación a abaratar la luz de las fábricas. La propia UE ha regulado que las compensaciones vinculadas al CO2 se financien con cargo a los ingresos que cada estado obtiene a través de las subastas de derechos de emisión (los que deben comprar para funcionar las centrales eléctricas fósiles y otras instalaciones industriales). Las cuentas del Gobierno de Sánchez prevén 1.000 millones de euros en ingresos por esa vía.

Las ayudas asociadas al futuro estatuto electrointensivo (exención de los cargos que los consumidores pagan para retribuir a los productores renovables o para sufragar los costes extra de las compañías generadoras en Canarias y Baleares) suelen financiarse en otros países a través de los presupuestos ordinarios o a cuenta del resto de consumidores (lo que deja de pagar la industria se repercute en el recibo de los hogares y otros usuarios).

El estatuto electrointensivo, comprometido para junio de 2019, sigue pendiente de aprobar después de que ayer tampoco entrase en el orden del día del Consejo de Ministros. Durante una comparecencia en el Senado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que la citada norma “verá la luz pronto”.

La brecha con Alemania: la industria española pagó en octubre el 136% más por megavatio

Los precios en el mercado mayorista español de la electricidad bajaron el 25% desde 2018, según subrayó ayer la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero la brecha entre lo que pagan las grandes industrias españolas por el megavatio/hora y lo que les cuesta a las alemanas y francesas continúa siendo de gran alcance. Los últimos datos de la patronal que agrupa a los grandes fabricantes electrointensivos (Aege) muestran que los precios que se fijan en los mercados eléctricos resultaron cercanos en España (33,8 euros), Francia (31,8) y Alemania (29,4) el pasado octubre. Pero, siempre según Aege, los precios finales son los siguientes: 45 euros en España, 20,8 euros en Francia y 19,1 en Alemania. Lo que pagan las empresas electrointensivas españolas (adscritas a la tarifa de acceso 6.4) resulta el 136% más caro que el coste para una compañía alemana de similares características. La brecha está en los costes regulados, recargos, impuestos, compensaciones por CO2 y otras ayudas que el sector recibe por decisión de los gobiernos.

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