El acuerdo presupuestario entre las instituciones europeas alcanzado esta semana incluye el compromiso de crear el ajuste en frontera del CO2, especie de arancel ambiental concebido para proteger a sectores industriales expuestos al riesgo de cierres y deslocalizaciones por la competencia de productores de países con regulaciones menos alineadas que las europeas con la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Junto a la ratificación de que la UE se dotará de ese mecanismo defensivo, Bruselas da a entender de nuevo que no estará operativo hasta 2023. Tal calendario expone a industrias con alta implantación en Asturias, como la siderúrgica y la cementera, a tener que afrontar desde enero el endurecimiento de las reglas sobre el CO2 dentro de Europa sin disponer de la herramienta del arancel para aligerar su desventaja competitiva frente a productores extracomunitarios.
El Gobierno asturiano, así como las empresas y los sindicatos, reivindican desde hace más de dos años la instauración del ajuste en frontera del carbono (CO2 border adjustment tax, en su denominación técnica inglesa), con el respaldo además del Ministerio de Industria. Básicamente, consiste en un instrumento que obligaría a los fabricantes extracomunitarios de acero, cemento, productos cerámicos y otros intensivos en emisiones de CO2 a abonar una tasa para operar en el mercado de la UE en el caso de que sus procesos no cumplan estándares ambientales análogos a los de las empresas europeas. Dentro de la Unión, ese tipo de fabricantes están sujetos a la disciplina del mercado de derechos de CO2: a partir de un determinado nivel de emisiones (cuando superan sus asignaciones de derechos gratuitos), las fábricas están obligadas a comprar derechos extra, incurriendo en sobrecostes que a menudo no tienen sus competidores.
La Comisión Europea inició en julio las consultas públicas para diseñar el arancel ambiental. Ya entonces planteó un calendario con los siguientes hitos: la presentación de una propuesta a mediados de 2021 y el compromiso de que esté operativa en 2023. Se matiza que lo estará en esa fecha “como muy tarde”, pero las fuentes consultadas dan por seguro que el proceso normativo no se completará antes. Tales plazos, que entonces ya suscitaron críticas, quedan confirmados ahora, de nuevo entre lamentos del sector. “El año 2023 puede ser muy tarde; queda claro que la industria no recibe en Europa el apoyo que se necesita”, expusieron fuentes de la siderurgia.
La preocupación se acrecienta porque, a mes y medio de que con el nuevo año entren en vigor reglas más estrictas sobre el comercio de emisiones, la industria sospecha que las autoridades europeas desoirán los llamamientos para que los cambios se pospongan un año o se suavicen algunos de ellos, considerando además el impacto que la pandemia del covid-19 ha tenido en la actividad fabril y en la demanda.
Uno de los principales cambios conllevará una reducción en los derechos gratuitos que reciben las fábricas para emitir sin coste. Tal como ha sido concebida esta nueva fase del mercado del CO2, instalaciones como los hornos altos para la fabricación de acero podrían sufrir fuertes recortes significativos en las citadas asignaciones gratuitas. Los productores siderúrgicos, como ArcelorMittal, o de cemento, como el grupo Masaveu en Asturias, pueden verse ante el dilema de incurrir en sobrecostes que socavarían su competitividad, por la obligación de adquirir derechos extra, o, alternativamente, de optar de frente por recortar actividad.
La presión sobre esos y otros sectores concernidos por la disciplina ambiental del CO2 puede acentuarse además tras anunciar la Comisión Europea, con el apoyo del Gobierno español, que eleva la ambición de su objetivo global de reducción de emisiones para 2030 del 40% al 55% respecto a las de 1990. La industria teme que ese giro conlleve un recorte mayor de los derechos para emitir y su encarecimiento.
