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Asturias rebaja los controles tributarios sobre compradores y herederos de pisos

Los requerimientos caen el 40% tras ser anulado el método barato que usaba el Principado para comprobar el valor declarado de los inmuebles

Un piso en venta en Gijón

Un piso en venta en Gijón Marcos León

Miles de contribuyentes asturianos, a menudo compradores de pisos o herederos, reciben cada año avisos del Principado para que paguen “liquidaciones complementarias”. Ocurre cuando el recaudador autonómico de impuestos no está de acuerdo con la forma en que el ciudadano o empresa ha tributado y le reclama un pago extra

El valor de los pisos, casas, locales, fincas y resto de inmuebles determina en gran medida las bases imponibles de los principales tributos que recauda el Principado: el de Sucesiones y Donaciones, por el que ingresa unos 80 millones al año, y el de Transmisiones Patrimoniales, con unos 92 millones de recaudación en 2019. Cuando alguien compra un piso usado a otro particular o cuando alguien lo hereda, el contribuyente está obligado a presentar una autoliquidación para el pago de impuestos. Y en ese trámite el valor del inmueble que se declare determinará cuánto hay que tributar.

Aunque la tendencia natural, en el caso de una compra, puede ser declarar el precio, la legislación tributaria no lo acepta sin más; considera en cambio que la base imponible de los impuestos vendrá determinada por el “valor real” de la vivienda. Tal concepto, concebido para evitar el fraude, pero de contornos imprecisos, ha generado durante lustros una abundantísima litigiosidad, mucha de ella relacionada con los métodos que utiliza la Administración para comprobar que se declara lo que ella entiende por ese “valor real”.

Indicadores de los controles tributarios del Principado.

Hasta los últimos meses de 2018, el Principado venía utilizando el siguiente método automático y de bajo coste: multiplicaba el valor catastral por un coeficiente asignado a cada concejo; a continuación, si el resultado era mayor que el valor declarado, el contribuyente era requerido para pagar una tributación extra (liquidación complementaria), mientras que cuando el resultado era inferior al declarado, el Fisco daba por buena la cifra más alta, la reconocida por el comprador o heredero, y no se producía devolución alguna.

El uso de ese procedimiento, extraordinariamente conflictivo sobre todo con la crisis inmobiliaria desde 2008 –compradores y herederos eran obligados a tributar por valores muy superiores a los del mercado, en caída libre–, fue anulado por el Tribunal Supremo hace dos años. Entre otras razones porque suponía valorar las viviendas sin mediar informe individualizado ni visita presencial de peritos. El Principado, al igual que otras regiones, tuvo que prescindir de los coeficientes y usar comprobaciones que le resultan más caras.

Las consecuencias aparecen retratadas en un informe del Ministrio de Hacienda conocido tras la reciente presentación del proyectos de Presupuestos Generales del Estado para 2021: el número de comprobaciones de valor realizadas en por los servicios tributarios asturianos pasó de 3.729 en 2018 a 2.155 en 2019 (caída del 42%). Otro efecto: las reclamaciones de pagos adicionales a compradores o herederos de inmuebles bajaron de 4.561 a 2.720 (descenso del 40,4%) en el mismo tiempo. El retroceso en el importe de esos requerimientos fue más contenido (de 13,2 a 11,2 millones, con una variación del -15,5%).

El uso de las tasaciones hipotecarias también está en cuestión en los tribunales

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La mayor contención de la caída en ese último caso esta conectada con la nueva estrategia de control que han seguido las autoridades tributarias asturianas: relajar los controles cuando las cantidades que potencialmente se pueden recaudar son muy pequeñas y centrarlos en el resto de los casos. “Con los recursos disponibles, algunas comprobaciones de valor que antes se hacían (...) no se pueden realizar pues resultan antieconómicas”, figura en el informe del técnico de la Inspección General del Ministerio de Hacienda que examinó la gestion que en 2019 hizo el Principado de los tributos cedidos por el Estado a las autonomías.

El procedimiento barato de los coeficientes ha sido sustituido por controles basados en las tasaciones hipotecarias cuando estas existen, aunque este tampoco es un método jurídicamente pacífico y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha llegado a fallar en algunos casos contra su uso. La alternativa que más asiduamente utiliza el Principado es la elaboración de informes periciales con y sin visita a los inmuebles, tareas que, por las limitaciones de personal y por su coste, obliga a reducir el número de comprobaciones. Aunque, presumiblemente, será así sólo de manera transitoria, hasta que salga adelante una ley tributaria de ámbito estatal en tramitación que regulará un nuevo concepto: el “valor de referencia de mercado”. Será elaborado cada año por el Catastro y permitirá a las autonomías el retorno a los controles exhaustivos.

Preguntas clave: lo próximo, un nuevo “valor de referencia”

–¿Por qué se comprueban los valores de los inmuebles?

–Es una forma de prevenir la defraudación tributaria, que puede darse, por ejemplo, si el comprador y el vendedor de un piso se ponen de acuerdo para escriturar un precio más bajo del real. Aunque el uso de “dinero B” en las compraventas inmobilarias ordinarias es considerado ya una práctica residual, la Administración se resiste a aceptar sin más el precio declarado, a pesar de que una corriente de expertos cada vez más numerosa es partidaria de hacerlo.

–¿Cómo se verifican ahora los valores declarados?

–Tras ser anulado en 2018 por el Supremo el llamado método de los coeficientes, los recaudadores autonómicos suelen comparar ahora el valor que declara el contribuyente con la tasación hipotecaria cuando esta existe. En otros casos, se hacen informes periciales de los inmuebles, aunque este trabajo únicamente se realiza si la expectativa de recaudación supera los costes. Para el resto de los casos, el Principado está aceptando lo que declara el contribuyente.

–¿Qué es el nuevo “valor de referencia de mercado”?

–Un proyecto de ley en tramitación prevé que el Catastro elabore y actualice cada año un valor tipo de los inmuebles, distinto del catastral y basado en los precios de las compraventas realizadas en cada zona. En el futuro, el Fisco autonómico comparará el valor declarado por los contribuyentes con el de referencia de mercado y podrá reclamar tributaciones extra si el primero resulta inferior al segundo.

–¿Qué impacto tendrá el uso de ese nuevo valor para los contribuyentes?

–Es muy difícil de precisar, pero el Gobierno reconoce en la memoria de su proyecto de ley que el valor de referencia de mercado hará que aumente la recaudación fiscal de las autonomías y, por tanto, la presión tributaria sobre compradores y herederos de inmuebles.

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