El Consejo de Ministros aprobará esta semana extensiones en los plazos y otras bonificaciones en los préstamos recibidos por empresas y autónomos con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según ha confirmado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La decisión, negociada con la Unión Europea en unas condiciones que por ahora no han sido desveladas, llega después de que el agravamiento de la crisis asociada a la pandemia amplificara el riesgo de que muchos de los titulares de los créditos no puedan hacer frente a los pagos, previstos desde el próximo marzo. En Asturias, con 11.393 negocios auxiliados por el ICO, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) está pidiendo que el período de carencia de los créditos se amplíe un año.
Los préstamos garantizados por el ICO para inyectar liquidez a las empresas ante las consecuencias económicas de la primera ola del coronavirus fueron concedidos con un año de carencia y un plazo de amortización de cinco, de modo que los beneficiarios no tendrían que empezar a pagar hasta la primavera de 2021. El diseño estaba calibrado para una crisis corta, pensando que, tras el final del confinamiento en mayo, la recuperación de la actividad daría oxígeno a las empresas para afrontar el calendario indicado. La segunda ola de la pandemia ha arruinado tales previsiones, en particular para los sectores que, como la hostelería, el comercio y otros servicios, están sufriendo de nuevo cierres decretados por las autoridades para frenar el avance del covid.
La seguridad de que muchos de los negocios asturianos acogidos a la financiación garantizada por el ICO no estarán en condiciones de empezar a pagar llevó a la patronal a demandar cambios en las condiciones. “Desde FADE pedimos, dada la situación actual y la prolongación de los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria, que se prorrogue otros doce meses el período de carencia de los créditos ICO mediante una novación automática”, explicó a este diario Belarmino Feito, presidente de la patronal asturiana. Planteó asimismo que el período de cinco años para el vencimiento se modifique también de manera automática. “Aquella empresa que no lo estime necesario podría renunciar a la novación”, matizó Feito. El próximo martes, el Consejo de Ministros precisará si su decisión encaja con las aspiraciones de las empresas y si las “extensiones y bonificaciones” de las que habló Nadia Calviño este fin de semana alcanzan a todos los sectores y en las mismas condiciones.
Los préstamos ICO fueron concedidos en Asturias a 11.393 sociedades mercantiles y autónomos. Con avales públicos que garantizan entre el 60% y el 80% de la deuda, tales beneficiarios accedieron a financiación bancaria por valor de 2.001,4 millones de euros, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos referidos al 31 de octubre pasado. En todo el país, este mecanismo de auxilio financiero ha llegado a 558.000 empresas y movilizado 106.000 millones de financiación, 80.700 de ellos avalados por el Estado.
La cercanía del fin del período de carencia presiona a los empresarios y también a la banca. El sector financiero ha pedido al Gobierno una novación de las condiciones de los préstamos ante la expectativa de que, de no ocurrir así, a partir de marzo se produciría una escalada de la morosidad asociada a los préstamos ICO. Si bien las entidades han realizado ya provisiones preventivas para cubrir riesgos de quebrantos asociados al covid, una cadena de impagos en los ICO aumentaría el peligro de que la crisis se convirtiera también en financiera. En Asturias, la exposición de los bancos, una vez descontadas las garantías públicas, es de 500 millones de euros.
