Fernando Méndez-Navia (Gijón, 1965), licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, es socio director del Grupo Dex, consultora especializada en la gestión de fondos europeos, con sede en Gijón, y coordinador del Grupo de Trabajo Europa de Compromiso Asturias XXI.
–¿Percibe potencial e iniciativa en Asturias para aprovechar la oportunidad de los fondos europeos para la transición energética y la recuperación pos-covid?
–Asturias tiene una buena trayectoria en la absorción de fondos europeos, que han contribuido decisivamente a su modernización, con proyectos emblemáticos en infraestructuras o medio ambiente. Hasta cierto punto, eso era relativamente fácil: se hacían grandes obras que consumían muchos recursos. En este periodo nos está costando algo más, porque desde 2014 el Principado está incluida entre las regiones más desarrolladas de la Unión, lo que limita las posibilidades de destinar recursos a infraestructuras y obliga a concentrarlos en innovación e investigación, digitalización, apoyo a empresas o descarbonización. Y esa orientación se va a mantener, si no intensificar, partir de 2021. Por tanto, si queremos acceder a los fondos europeos, tendremos que orientar nuestras estrategias, nuestras capacidades y nuestra atención hacia ahí.
–¿Debe ser el sector privado el que lidere las propuestas o cabe pedirle al público que haga de locomotora promoviendo o incitando ideas y proyectos para que las asuma el sector privado?
–La planificación y gestión de los fondos tiene canales bien definidos en los que las administraciones tienen un papel fundamental y protagonista. La normativa que los regula atribuye a las autoridades nacionales la función y la competencia de planificar y gestionar los fondos, con arreglo a las disposiciones comunitarias y a la distribución nacional de competencias. Ahora bien, también les impone la obligación de que esa labor se realice con una amplia participación, para que las prioridades seleccionadas respondan realmente a las necesidades y retos sociales en cada región y país, en línea con las prioridades europeas. Por ello, la implicación activa del sector privado es clave en todas las fases: primero, ayudando a orientar la selección de prioridades; luego, realizando las inversiones que sean apoyadas por la UE. La conclusión es clara: intensa colaboración público-privada.
–¿Habrá margen para financiar proyectos públicos si la iniciativa privada (asturiana o foránea) fuese insuficiente?
–Creo que convendría reformular la pregunta. La clave es que los proyectos públicos dejen un espacio suficiente y adecuado a la iniciativa privada, tanto desde un punto de vista financiero como operativo. Es decir, que se destinen suficientes recursos y que se gestionen ágil y diligentemente, sin retrasos burocráticos. En España, los fondos europeos se han destinado mayoritariamente a cofinanciar gasto público y, seguramente, seguirá siendo así. Por ejemplo, el despliegue de la banda ancha hacia zonas rurales, una acción clave, podría recibir un fuerte impulso. ¿Eso es un proyecto público o privado? Las telecomunicaciones son un servicio público que se gestiona por operadores privados, que reciben ayudas para ese despliegue, y una buena red es clave para la competitividad de las empresas.
–¿Qué sectores y ámbitos de actividad en los que Asturias tiene experiencia y conocimiento pueden ser los idóneos para captar recursos europeos?
–En este periodo 2014-2020 la UE impuso una serie de condiciones para acceder a los fondos. Entre ellas se encontraba que las regiones y los estados debían contar con una estrategia regional de especialización inteligente para impulsar el gasto privado en investigación e innovación. Desgraciadamente, el gasto en I+D en Asturias ha pasado del 0,83% del PIB en 2014 al 0,81% en 2018, mientras la media europea pasaba del 2,1 al 2,18. Nuestro gasto por habitante, que ya era muy bajo en 2014 (29,0% de la media europea), ha seguido cayendo, hasta el 27,7% en 2018. Y la comparación es todavía peor si se mira el gasto en I+D de las empresas. Parece evidente que tenemos un problema serio en nuestro ecosistema de innovación, muy poco dinámico. Si la UE te indica que es necesario dedicar recursos a I+D y tu esfuerzo disminuye, es evidente que la cosa no va muy bien. Si tu capacidad de innovación es limitada también disminuyen las posibilidades de captar recursos competitivos. Esto no significa que no haya entidades o empresas capaces de captar recursos.
–¿Hay margen de tiempo para nutrir la cartera de propuestas a la UE con la captación de proyectos que pudieran impulsar en Asturias inversores externos?
–La posibilidad de otorgar elevadas intensidades de ayuda fue históricamente un elemento fundamental en las estrategias para atraer inversiones empresariales, con resultados diversos. Hoy, las intensidades de ayudas a grandes empresas son bajas (10%) y no se prevé que se incrementen, sea con o sin cofinanciación comunitaria. Por tanto, la captación de proyectos externos debe estar basada en la creación de condiciones favorables para la actividad de las empresas: infraestructuras físicas y digitales, ecosistema industrial y de innovación, capital humano, seguridad jurídica, administración eficiente, cohesión social, calidad de vida… Y precisamente para todo eso, en un contexto de transición digital y energética, es para lo que la UE va a aportar recursos. Es a nosotros a quienes nos corresponde utilizarlos bien.
–¿Tiene conocimiento de planes y proyectos de interés que ya se estén gestando?
–Quiero pensar que las administraciones nacional y autonómica estarán trabajando intensamente en la preparación de los planes y programas que deben servir de base para canalizar los grandes capítulos de los fondos. No obstante, me gustaría que hubiera mucha mayor transparencia en todos estos procesos. Que se informase de qué, por qué y cómo. Que los planes, programas y estrategias se fuesen consolidando con una amplia participación, y que esa participación fuese visible. La falta de transparencia es la que provoca la inseguridad en relación con los fondos europeos. Y, por mucho que se diga, la falta de transparencia no viene de Bruselas, se genera en otras partes. Esa transparencia permitiría, precisamente, que quienes tienen ideas e interés en promover proyectos pudieran incorporarlos ordenadamente a los procesos de planificación y programación, lo que mejoraría la toma de decisiones y la utilización de los fondos.
–¿Qué recomendaciones haría sobre cómo plantear y tramitar los proyectos para que resulten lo más atractivos posibles?
–Lo primero que recomendaría es una cierta tranquilidad, sobre todo a las empresas y a las instituciones que no tienen responsabilidades en la programación de los fondos. Tranquilidad no significa estar parados, sino tomar el tiempo necesario para prepararse. Ahora mismo, lo mejor que se puede hacer es ayudar a las autoridades regionales y nacionales a planificar y programar bien y, por supuesto, urgirles a que, ellas sí, sean diligentes en ese proceso. Estamos en la fase de asignar los recursos (entre territorios, entre prioridades), de planificar y preparar los programas, y en esta fase hay, o al menos debería haber, intensos procesos de diálogo a nivel regional y nacional. Cuanto más intenso y transparente sea ese diálogo, mejor.
–¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de Asturias para afrontar la triple transición energética, digital y pos-covid?
–Probablemente la principal debilidad proviene de una cierta resistencia o temor al cambio, que, en muchos casos, nos retrae a la hora de tomar decisiones. Cuando se afrontan cambios de esta magnitud no hay tiempo para dudar; hay que acertar, sí o sí. El retraso en afrontar la transición energética puede haber dificultado la búsqueda de soluciones y alternativas y una parte del sector industrial sigue estando en peligro. También hay factores socioeconómicos desfavorables, como el envejecimiento, que resta dinamismo y capacidad de iniciativa. Por otro lado, nuestro entorno político, normativo y administrativo es desfavorable. Esto no es exclusivo de Asturias sino común al conjunto de España. Que nuestro país sea hoy el más retrasado de la UE en la ejecución de los fondos estructurales es un indicador bastante claro de que tenemos problemas estructurales graves, consecuencia, probablemente, de muchos factores: inestabilidad política, restricciones presupuestarias, mala selección de prioridades, deficiente diseño y gestión de los instrumentos, lenta y burocrática gestión presupuestaria y de contratación, falta de transparencia.
–¿Cosas a favor de Asturias para el escenario pos-covid?
–El escenario es incierto, pero creo que abre algunas oportunidades para la región, en un contexto de creciente digitalización. La hasta ahora relativamente buena respuesta frente a la pandemia ha reforzado la alta valoración que ya se tenía de Asturias, como territorio con buena calidad de vida y buenos servicios. Confiemos en que la curva epidémica se aplane y podamos hacer valer esas buenas condiciones como un lugar en el que vivir y desde el que trabajar para todo el mundo. Muchas pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica lo están demostrando y a ellas y al ecosistema de innovación que las rodea deberían orientarse de manera prioritaria y ágil los recursos que la Unión Europea va a aportar para impulsar la recuperación.
