Las empresas tendrán más tiempo para amortizar los préstamos de emergencia avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y seguirá suspendida la obligación de presentar concurso de acreedores en caso de insolvencia. El Consejo de Ministros decidió ayer esas y otras medidas para evitar que, coincidiendo con la segunda ola de la epidemia del coronavirus, se produzca lo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, calificó como un “precipicio” de quiebras empresariales, un tsunami de morosidad y cierres de negocios asfixiados por el covid-19.
“Las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia”, señaló la también ministra de Asuntos Económicos. La pasada primavera, de frenazo en la actividad por las acciones para contener la pandemia, el Gobierno siguió los pasos de otros europeos y dispuso políticas para aligerar los problemas de liquidez de las empresas (préstamos con aval público, moratorias tributarias...). Fueron políticas diseñadas con plazos a medida de una crisis que se presumía corta y seguida de una recuperación rauda e intensa. El rebrote del coronavirus, contra el que se lucha de nuevo con limitaciones de la movilidad que mutilan el funcionamiento de varios sectores económicos, ha agravado la situación de muchas empresas cuya solvencia y continuidad está ya muy comprometida. El Gobierno ha reaccionado ahora modificando las condiciones de las medidas de liquidez e intentando poner un dique ante las situaciones de insolvencia.
Préstamos ICO.
Se toman dos decisiones para aliviar a las empresas en dificultades que debían afrontar desde el próximo marzo el comienzo de la amortización del capital. A partir de ese mes vencía el plazo de carencia (período durante el cual únicamente se abona la parte correspondiente a los intereses). Tal período se amplía en doce meses más. Al mismo tiempo, los plazos de vencimiento, que en la mayor parte de los casos son de cuatro o cinco años, pueden incrementarse hasta en tres. Podrán acceder a esas nuevas condiciones las empresas o autónomos que no hayan incurrido en mora ni estén inmersos en procedimientos concursales. Asimismo, la posibilidad de acceder a los préstamos ICO se extiende hasta el 30 de junio de 2021. En Asturias, más de once mil empresas se han acogido a estos créditos con aval público, con los que han obtenido financiación de urgencia por valor de 2.000 millones de euros.
Moratoria concursal.
El decreto aprobado ayer mantiene en suspenso normas esenciales de la legislacion ordinaria sobre concursos de acreedores. En primer lugar, se prorroga hasta el 14 de marzo la decisión, vigente ahora hasta el 31 de diciembre, según la cual se suspende la obligación de las empresas en situación legal de insolvencia de solicitar antes de dos meses el concurso de acreedores voluntario. Queda suspendida asimismo hasta la misma fecha la obligación que tienen los jueces de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que pudieran presentar los acreedores. “Estas medidas permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viable, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores”, explicó el Ministerio de Asuntos Económicos. No es un tema pacífico: una corriente de expertos sostiene que una suspensión generalizada de los concursos favorece que empresas inviables (“zombis”) sigan operando, con riesgos potenciales de quebrantos para proveedores y clientes.
