La CEOE considera que el borrador de real decreto que maneja el Gobierno para reformar la ley de contratación pública y adaptarla a la llegada de los fondos europeos no es lo suficientemente laxa para las empresas. La patronal pide mayor participación del sector privado no solo en la ejecución, sino también en la gestión de dichos fondos. La organización presidida por Antonio Garamendi propone que las entidades bancarias entren a tramitar y asignar parte de las líneas de financiación para acelerar su distribución, especialmente entre las pymes, y plantea trasladar parte de la carga acreditativa de los proyectos al control 'a posteriori'.

Un grupo de trabajo específico de la CEOE ha evaluado el borrador de real decreto elaborado por el Gobierno y filtrado a principios de la semana pasada. Este martes algunos de sus integrantes, miembros del propio equipo de CEOE y colaboradores de consultorías como PwC o bufetes de abogados como Cuatrecases o Garrigues, han expuesto las conclusiones de la propuesta remitida desde la patronal al Gobierno para aterrizar los fondos europeos. Los ponentes han destacado que lo redactado por el Ejecutivo (y pendiente todavía de pasar por Consejo de Ministros) comparte la "misma filosofía" que la propuesta de la CEOE, pero no es igual de "ambiciosa".

La patronal pretende aumentar su participación al máximo no solo en la ejecución de los fondos (ya planteó que el Estado solo debía monopolizar un tercio de los mismos), sino también en su gestión y y trámite. Los ponentes han manifestado este martes que la Administración "ha decidido desatascar cuellos de botella mirándose a si misma", pues en su borrador de real decreto el Gobierno plantea sumar manos para tramitar los candidatos a fondos europeos con interinos o personal laboral. Y los de Garamendi plantean que las organizaciones del sector privado, desde patronales a colegios profesionales o agrupaciones civiles, pueden recopilar y presentar con carácter prioritario proyectos a fondos.

La propuesta de la CEOE guarda un papel especial para las entidades financiares, como intermediarias para la "entrega y distribución" de los recursos del Next Generation EU. También reconociéndolas como interlocutores válidos para la tramitación de solicitudes y el análisis de requisitos y propuestas de concesión de los mismos, siempre que firmen un convenio de colaboración previamente con la Administración. Es decir, que las empresas puedan ir a un banco a presentar un proyecto y obtener, con la entidad financiera como puente y en cierta manera también como árbitro, crédito para desplegarlo.

Procesos más cortos y control 'a posteriori'

El borrador de real decreto del Gobierno ya contempla la reducción de los tiempos de asignación de contratos para el despliegue de los fondos europeos. No obstante, la CEOE considera dicha agilización insuficiente y plantea tiempos más acortados. En este sentido, la propuesta de la patronal contempla reducir a un mes el plazo de aceptación por parte del Gobierno de un contrato a cargo de fondos del NextGeneration EU.

Otra de las demandas de la patronal para agilizar los trámites es trasladar gran parte de los trámites a cuando las empresas ya hayan presentado sus proyectos para acceder a los fondos europeos. Lo que vendría a ser un control 'a posteriori' ny con declaraciones responsables previas de las compañías. Es el caso de las declaraciones de impacto ambiental, que la patronal pide a la Administración que las requiera una vez este presentado el proyecto. Y si una vez emitida esta, la empresa fuera requerida para modificar parte de su planificación, dicha modificación la CEOE pide realizarla posteriormente y con los trámites para los fondos europeos ya en marcha.