La Agencia Tributaria del Estado ha reforzado, en colaboración con el Principado, la investigación de los cambios de domicilio de contribuyentes acaudalados a otras regiones, sobre todo a Madrid, para disponer de una fiscalidad autonómica más ventajosa. El foco de los controles está puesto sobre todo en las deslocalizaciones que resultan ser simuladas y en la elusión a través de esa vía del pago del impuesto de patrimonio. Fruto de tales trabajos, las infracciones detectadas en relación con ese tributo se han triplicado en Asturias, al pasar de 17 en 2017 a 54 en 2019.
“Cabe destacar (...) el notable rendimiento tanto por parte de la comunidad (el Principado) como por parte de la Inspección del Estado respecto del impuesto de patrimonio, fruto de la mutua colaboración entre ambas administraciones, muy particularmente en cuanto a deslocalizaciones ficticias de contribuyentes”, subraya un informe del Ministerio de Hacienda sobre las labores inspectoras coordinadas entre la Agencia Tributaria estatal y el Ente de Servicios Tributarios del Principado.
La deslocalización de contribuyentes ricos a Madrid es un fenómeno que se aceleró desde 2011, cuando la comunidad madrileña quedó como la única en eximir del impuesto de patrimonio a todos los contribuyentes acaudalados, con independencia del tamaño de sus fortunas. Previamente, en 2008, el Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero había suprimido el tributo en todas las regiones de régimen común, mediante una bonificación del 100%. Tres años después, en el contexto de la Gran Recesión y con las arcas públicas en dificultades severas, el mismo Ejecutivo reinstauró el impuesto para las bases imponibles superiores a los 700.000 euros. El Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (PP), que en 2007 se había anticipado a Zapatero aprobando su propia exención, mantuvo esta última y renunció a restablecer el impuesto.
Madrid, también con un tratamiento fiscal muy favorable a los herederos, ha sido un imán para los grandes patrimonios por motivos que quedan ilustrados con el siguiente ejemplo elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf): un contribuyente con bienes por valor de cuatro millones de euros (excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros y las participaciones empresariales exentas) tributa casi 60.000 euros en Extremadura, la región con el impuesto de patrimonio más alto, y nada en Madrid. Un asturiano en esa misma situación se ahorra 42.000 euros si se muda a la capital española.
Un contribuyente con cuatro millones de patrimonio tributa 42.000 euros en Asturias y nada en Madrid
Pero la mudanza debe ser real, porque, si hay indicios de simulación, el contribuyente es emplazado por Hacienda a acreditar que reside en Madrid al menos 183 días al año. El Fisco utiliza información como los consumos energéticos, las visitas al médico o el uso de la tarjetas de crédito para realizar comprobaciones. “La Agencia Tributaria, en colaboración con el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado, está realizando un amplio programa de comprobación de posibles deslocalizaciones de contribuyentes que está dando un notable rendimiento”, enfatiza el referido informe de Hacienda.
Los resultados fueron estos en 2019: 54 actas de infracción sobre el impuesto de patrimonio en 2019, con unos ingresos extra para las arcas autonómicas de 3,68 millones. Una parte relevante de esas infracciones corresponden anomalías relacionadas con el cambio de domicilio fiscal.