Más problemas para Arcelor. La Audiencia Nacional ha tumbado el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la siderúrgica puso en marcha de forma unilateral para sus 9.000 trabajadores en España (5.000 de ellos en Asturias), ante la crisis del coronavirus, ajuste que aplicó después de fracasar la negociación con los sindicatos. Estos decidieron emprender una batalla judicial para revertir la decisión de la que, en primera instancia, han salido victoriosos. La sala de lo social de la Audiencia ha declarado “nulo” el ERTE porque entiende que la multinacional actuó de forma “torticera” durante la negociación, ocultó importante información económica e incurrió en sucesivas amenazas de despidos para intentar amedrentar a los representantes sindicales.
Con esos argumentos, la jueza Marta Jaureguizar Serrano sentencia que la siderúrgica debe reponer a los trabajadores “a la situación anterior”. Una marcha atrás que le podría costar a la compañía “muchos millones de euros”, según apuntaron algunas fuentes, y complicar aún más la ya de por sí delicada situación de los talleres de la región. Arcelor replicó que “no compartimos los razonamientos de la sala de lo social” y anunció su intención de recurrir la sentencia. Por lo tanto, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre el asunto.
Lo que no tienen claro ni los sindicatos ni la propia empresa es cuál es esa situación anterior a la que alude la jueza. De hecho, la sentencia no lo deja del todo claro. Caben dos posibilidades. Por un lado, que Arcelor tenga que volver a aplicar el ERTE antiguo (firmado en 2009) que estaba vigente antes de comenzar a negociar el ahora anulado y que tenía unas condiciones mucho más ventajosas para los trabajadores de la multinacional. La diferencia es sustancial: el viejo ERTE, pactado entre sindicatos y multinacional, fijaba que los empleados afectados por la regulación fueran compensados con hasta el 90% de su sueldo, mientras que el nuevo, que la siderúrgica impulsó sin consenso, rebajaba ese porcentaje al 75%. Es más, unas semanas antes de que Arcelor planteara este cambio de condiciones, el Ministerio de Trabajo ya había rechazado el ERTE por fuerza mayor que había solicitado la multinacional alegando el fuerte impacto que la crisis estaba teniendo sobre su actividad. El Gobierno entendió que no había razones suficientes para justificar el ajuste.
La otra posibilidad es volver a un escenario sin ERTE, lo que sería, reconocen incluso los sindicatos, “un problemón”. La empresa tendría que restituir los salarios de los afectados por el ERTE al completo y pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social; por su parte, los trabajadores tendrían que devolver las prestaciones de paro cobradas.
Las cuentas se presentaron incompletas, en algunos casos en inglés, y en un formato que dificulta la gestión, dice la sentencia
La juez es muy dura con Arcelor. La sentencia sostiene que la empresa estaba tratando de usar de forma “torticera” la legislación excepcional en materia de regulación de empleo que se había articulado para hacer frente a la crisis sanitaria. También dice que durante la negociación no cumplió su deber de información con los sindicatos. “Las cuentas se presentaron incompletas, en algunos casos en inglés, y en un formato que dificulta la gestión”, señala. Hay más. La multinacional llegó a amenazar a los sindicatos con entre 50 y 100 despidos si no había un acuerdo. Esa advertencia, cree la Audiencia Nacional, deja entrever “la mala fe de la patronal en la negociación”.
Los sindicatos que habían presentado la demanda, CC OO, UGT, USO y la CSI, valoraron positivamente el sentido de la sentencia. “Fue una grata sorpresa, recoge nuestras reivindicaciones”, señaló José Manuel García, representante de UGT. José Manuel Castro, de CC OO, matizó: “Ahora se abre la incertidumbre de cómo se va a aplicar”. Y Manuel Á. Pulgar, de la CSI, apuntó: “Esperamos que el Supremo se pronuncie en la misma línea”.
