El denominado Estatuto del Cosumidor Electrointensivo está en la recta final de su tramitación después de que este jueves el Consejo de Estado examinara el proyecto del Gobierno, un decreto con medidas para abaratar la luz industrial cuyo contenido final condicionará la competitividad de fábricas asturianas como las de ArcelorMittal, Azsa y Alu Ibérica. Aunque desde Asturias se demandaron cambios de calado para mejorar la posición de tales factorías en el estatuto, el sector no espera mejoras significativas.
El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, emitió anteayer su dictamen, preceptivo aunque no vinculante, y que supone una referencia jurídica de alto valor para que el Ejecutivo disponga de un criterio independiente sobre la conformidad de la norma con las legislaciones española y europea.
El Ministerio de Industria no ha precisado si el texto incorpora los cambios que demandó el Gobierno asturiano
Aunque las fuentes consultadas no precisaron el sentido del dictamen, todo apunta a que no ha habido un rechazo al texto que promueve el Gobierno para abaratar la factura de la industria con alto consumo energético y equiparar sus costes con los de los competidores europeos. De haber sido así, lo propio es que se hubiera abierto un periodo adicional de solicitud de información y documentación. El paso del expediente por el Consejo de Estado deja más expedito el camino para que el estatuto, que ya arrastra un retraso de año y medio sobre los compromisos iniciales del Gobierno (aprobación en junio de 2019), pueda ser abordado por el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Industria no ha precisado si el texto incorpora los cambios que demandó el Gobierno asturiano junto a los de Galicia y Cantabria, particularmente la inclusión de un tratamiento singular y más favorable para las fábricas con mayores consumos, como es el caso de las asturianas, que en el borrador del estatuto tenían asignadas los niveles de ayuda más bajos por megavatio/hora. Fuentes de la industria se mostraron muy escépticas sobre la posibilidad de que se incorporen las alegaciones asturianas, máxime porque el Gobierno mantiene el número de empresas beneficiaras en 600 y el presupuesto del estatuto para 2021 se fija en los 91 millones anunciados en 2019, más un extra de 19 millones pendiente de negociar con la Unión Europea.
