Un total de 46 plantas de cogeneración de España que suman 442 megavatios de potencia (el 7,3% del total instalado) están desde ayer al margen del llamado “marco retributivo específico”, un régimen de primas que se aplica a estas instalaciones por su contribución a la eficiencia energética y que contribuye a contener los costes de las empresas fabriles a las que casi siempre están asociadas: factorías agroalimentarias, químicas, cerámicas, textiles...El bloqueo de la citada retribución, que afecta a las centrales más antiguas, condena a las compañías propietarias a cerrarlas o a mantenerlas con importantes quebrantos económicos. Según estimaciones de la patronal Acogen, este nuevo recorte a la cogeneración puede suponer para las empresas afectadas aumentos del 20% en los costes energéticos.
El número de instalaciones concernidas en cada comunidad no ha trascendido por ahora, pero en el sector se da por seguro que en Asturias hay plantas a las que alcanza el ajuste. La región dispone de 22 centrales de cogeneración (tecnología que genera calor y electricidad, generalmente mediante el uso de gas natural) y la vida regulatoria útil (período durante el que está garantizada la retribución específica) de una parte relevante de ellas vencía entre 2018 y 2022, según impresiones de Acogen, organización de la que es director general el asturiano Javier Rodríguez. Entre las propietarias asturianas de plantas de cogeneración están los grupos alimentarios Capsa, Ilas y Nestlé. También, Química del Nalón, Cementos Tudela Veguín o Maderas Siero, entre otras.
Acogen responsabiliza de los recortes a “la inacción del Gobierno”
Acogen responsabiliza de los recortes a “la inacción del Gobierno”. A fines de 2018, el Ministerio de Transición Ecológica apoyó la concesión de una prórroga de dos años para las plantas que se acercaban al final de su vida regulatoria. El Gobierno lo justificó entonces reconociendo el papel de la cogeneración como “instrumento relevante para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones en los usos industriales de la energía”. Por ello veía “necesario y urgente establecer una habilitación que permita extender su vida útil”. Ese reconocimiento al papel de la cogeneración llevaba adherido el compromiso de elaborar un nuevo marco que facilitara inversiones de la empresas para actualizar las plantas.
Según denuncia Acogen, ese compromiso, pendiente desde la reforma eléctrica de 2013, no se ha cumplido. Y tampoco se ha concretado la alternativa, sugerida por el actual Gobierno, de convocar subastas específicas para dar a la cogeneración un trato análogo a las tecnologías renovables. “Los cogeneradores necesitamos eficiencia administrativa y prioridad, para que cientos de industrias salgan de la desatención energética e incertidumbre actual”, demanda la patronal.
