La cumbre de jefes de gobierno de la Unión Europea (UE) consumó el compromiso de marcar un objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de CO2 para 2030: pasar de un recorte del 40% respecto a los niveles de 1990 al 55% o más. El acuerdo satisface las aspiraciones del Ejecutivo español, partidario de dar mayor velocidad a la descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Lo pactado da a entender que todos los sectores económicos deberán contribuir al esfuerzo extra en la reducción de CO2. Así, se da un mandato a la Comisión Europea para que evalúe cómo se debe repartir ese esfuerzo entre el transporte, el ámbito residencial o la industria, ya sujeta al comercio de emisiones (obligación de comprar derechos de CO2 para emitir).
A expensas de cómo pueda incidir el acuerdo de ayer en el sector fabril asturiano, el más expuesto del país a la disciplina del CO2, las autoridades comunitarias han dado muestras últimamente de que no son proclives a levantar la mano con actividades como la siderurgia. El próximo año entra en vigor una fase endurecida del comercio de emisiones, que restringirá los derechos gratuitos asignados a las industrias en riesgo de deslocalización por la normativa del CO2, entre la que están sectores con alta implantación en Asturias (siderurgia, cementeras...).
La patronal siderúrgica Unesid había planteado el siguiente ajuste en la nueva regulación: ante el hecho de que el nivel de derechos de CO2 sin coste se actualizará cada dos años para adaptarlo, al alza o a la baja, a la producción efectiva de las empresas, el sector pedía que no se tuvieran en cuenta los datos de este 2020, en el que se ha producido una caída intensísima de la demanda por la crisis asociada a la pandemia. Según confirmó a este diario Andrés Barceló, Bruselas ha desoído el planteamiento del sector y las nuevas normas del comercio de emisiones han sido traspuestas ya a la legislación española sin ajustes ni excepciones. Conclusión: desde 2022, cuando se actualicen los valores de derechos gratuitos, empresas como ArcelorMittal y las plantas de cemento de Masaveu, así como otra veintena de centros fabriles asturianos, quedarán expuestas a reducciones de derechos y por ello a incurrir en sobrecostes o reducir actividad. “El método dinámico de ajuste (adaptación de los derechos a la producción) es positivo y mejora el sistema anterior, pero lo lógico hubiera sido hacer una excepción con los datos de 2020; no lo hemos conseguido”, lamentó Andrés Barceló.
A expensas de cómo pueda incidir el acuerdo de ayer en el sector fabril asturiano las autoridades comunitarias han dado muestras últimamente de que no son proclives a levantar la mano con actividades como la siderurgia.
El pacto para acelerar la descarbonización se produjo después de una ardua negociación para vencer la resistencia de Polonia y República Checa, países con una alta dependencia energética y socieconómica del carbón. El entendimiento llegó después de que ambos gobiernos obtuvieran concesiones cuyo alcance no ha trascendido en detalle pero que conllevarán probablemente mejoras en la financiación asociada a la modernización de los sectores energéticos y en los mecanismo de transición justa (“fondos verdes”).
Asimismo, el objetivo de reducir el CO2 el 55% para 2030 tendrá carácter colectivo para toda la UE y no se aplicará de manera lineal a cada país. Esa solución hace penar que estados más dependientes del uso del carbón se inclinarán por sendas nacionales menos ambiciosas que habrían de ser compensadas mediante recortes más profundos en otros lugares. En España, la descarbonización ha tomado velocidad por sí misma durante los últimos dos años, con el anuncio de cierre acelerado de las térmicas de carbón –entre ellas, tres en Asturias– al quedar fuera del mercado eléctrico por el impacto en sus costes de las políticas climáticas.
