La existencia de la planta de regasificación de El Musel es considerada una de las fortalezas de Asturias para sacar rendimiento de la nueva economía del hidrógeno verde. Enagás aspira a rentabilizar las instalaciones, con el manejo de gas natural a corto plazo y también de hidrógeno más adelante, una vez que la regasificadora pueda entrar en servicio. Acabada y sin uso desde hace ocho años, la central permanece sin autorización administrativa.

La licencia primigenia de la planta fue anulada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el incumplimiento de la normativa de distancias a las zonas pobladas que estaba en vigor cuando fue aprobada. Antes, en 2012, el Gobierno de entonces, del PP, había frenado la entrada en servicio de la regasificadora, acabada ese mismo año tras 380 millones de inversión. La decisión se tomó en el contexto de la anterior crisis y ante el déficit económico que se estaba produciendo en el sistema gasista.

En 2017, el mismo tribunal madrileño sentenció que no era necesaria la demolición de la regasificadora. Enagás inició entonces el proceso para su legalización, solicitando una nueva autorización. Esa tramitación se inició en 2018 y aún está pendiente de resolución por el Ministerio de Transición Ecológica. En febrero de 2019 se cursó la declaración de impacto ambiental, sobre la que aún no ha decidido el departamento de Teresa Ribera.

Tanto Enagás como el Gobierno del Principado han instado en distintas ocasiones al Ejecutivo central para que agilice la licencia. De ser aprobada, Enagás estaría en posición de activar la planta para el almacenamiento de gas natural y para el suministro a buques que usan ese combustible (“bunkering”).