La Unión Europea (UE) se ha marcado como nuevo objetivo que sus emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y equivalentes) sean en 2030 al menos un 55% inferiores a las de 1990. Es una meta general del conjunto de países y no obliga específicamente a cada territorio a igualar ese resultado, pero si así fuera Asturias sería la región española que estaría más cerca de esa meta, a costa de los recientes cierres de centrales térmicas y del declive registrado en la producción siderúrgica. Aún así, Asturias mantiene las mayores intensidades del país en relación al tamaño de la población y al producto interior bruto (PIB), indicadores que certifican la alta dependencia que sigue teniendo la economía regional de los procesos productivos generadores de CO2.
El Observatorio de Sostenibilidad y la consultora AIS Group han evaluado el comportamiento de las emisiones de dióxido de carbono en las autonomías, con el propósito de subrayar “la importancia de las actuaciones a escala regional y local para solucionar la emergencia climática”, según refleja el referido observatorio, entidad independiente dirigida por el ecólogo Fernando Prieto. En los siguientes puntos se sintetiza cómo aparece retratada Asturias en ese documento, cuya publicación coincide con el quinto aniversario de la llamada Cumbre de París.
Menos emisiones. El nivel de emisiones de Asturias fue el pasado año un 32% inferior al que se estima que hubo en 1990, año que se toma como referencia para los objetivos de las políticas para frenar el cambio climático. Es el mayor recorte observado entre las diecisiete autonomías, que han tenido un comportamiento dispar: las emisiones subieron en trece de ellas y bajaron en cuatro.
Además de Asturias, han reducido sus emisiones respecto al nivel de hace 30 años Aragón, Galicia y Castilla y León, territorios con centrales de carbón y que durante 2019 tuvieron descensos acusados de producción eléctrica térmica y por tanto de CO2. Ocurrió así al cerrar instalaciones carboneras o quedar estas fuera el mercado por la penalización económica asociada al citado gas.
Asturias era ya una de las pocas regiones que habían rebajado sus emisiones entre 1990 y 2018. El techo de emisiones se alcanzó en 2006. Desde entonces la tendencia fue declinante, algo que se aceleró súbitamente el pasado año por la descarbonización exprés de la producción eléctrica y también por un descenso cercano al 10% en el CO2 generado por las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMital, a raíz de la menor producción de acero en el contexto del declive en la demanda registrado desde 2018, primero por la desaceleración económica europea y más recientemente por la crisis asociada al covid-19.
El balance nacional tiene los siguientes signos: desde 1990, el total de emisiones (de origen industrial o no) ha aumentado el 8%, aunque en 2019 registró un descenso anual del 6% que se explica básicamente por el apagón de las térmicas en Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón. En la última década, añade el Observatorio de la Sostenibilidad, también se habrían reducido las emisiones de los llamado sectores difusos (transporte, residencial, servicios...) en casi todo el país, Asturias incluida (-24%).
La intensidad. Aun habiendo reducido más que ninguna otra su producción de CO2, la región sigue siendo extraordinariamente intensiva en emisiones. El dióxido de carbono producido por todas las actividades equivale a 19 toneladas por habitante y a 0,85 toneladas por cada 1.000 euros de PIB, magnitudes que casi duplican las de las comunidades que aparecen a continuación en el ranking, refleja el informe. Tal intensidad de emisiones está conectada al perfil productivo de la industria regional, con alta presencia de procesos que generan dióxido de carbono, caso de las instalaciones de cabecera de la siderurgia.
