Decepción absoluta. Esa fue la reacción de las grandes industrias asturianas tras conocer los primeros detalles del nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos, por el que compañías regionales como Arcelor, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica –de las que dependen 20.000 trabajadores– llevaban esperando con ansia dos años, y que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El mazazo fue mayúsculo porque, finalmente, el Estatuto no rebajará la factura de la luz para la gran industria asturiana con la intensidad que se esperaba. Es más, la nueva norma abrirá la mano a que sí obtengan ayudas empresas que antes no las recibían. Lo que hará que el dinero acabe diluyéndose. La mayoría de esos nuevos beneficiarios están ubicados en Cataluña o Valencia. El Principado no escondió su decepción y aseguró que su valoración “no es favorable” porque, tal y como está planteada la norma ahora mismo, la industria asturiana casi no tendría descuentos. A priori, el nuevo Estatuto no recoge las alegaciones que habían realizado el Gobierno asturiano, el gallego y el cántabro para conseguir que la rebaja de la luz tuviera en especial consideración a las grandes empresas asentadas en estas tres comunidades del Noroeste.

¿Cuál es el problema? El Gobierno ha decidido ampliar el abanico de compañías que pueden llegar a beneficiarse de estas ayudas. Tanto que los candidatos solo necesitan cumplir un requisito, su consumo debe ser superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores a recibir la subvención. Sin embargo, la parte del pastel a repartir es –más o menos– la misma. Critica la gran industria regional que se pierde de esta forma el espíritu de las electrointensivas, aquellas compañías para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico cuando compiten a nivel global y ahora se incluye en este saco a industrias medianas, donde el coste energético no es tan determinante. Tanto se abre el abanico que Industria matizó que el nuevo estatuto beneficiará a 612 empresas españolas englobadas en 60 actividades industriales diferentes y que dan empleo a 300.000 trabajadores. A cambio, el Gobierno exige que las empresas que reciban esta ayuda no puedan cerrar durante tres años.

Los trabajadores de la industria califican el estatuto de “atropello”

De esta forma –y a falta de conocer el redactado final del Estatuto que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE)– esa mayor laxitud en los requisitos beneficia a compañías industriales asentadas en Cataluña, Valencia o Andalucía.

Fuentes de la industria regional tacharon de “insuficiente” para los grandes consumidores. Muy gráficamente, un portavoz de la industria asturiana señalaba que todo esto supone que, a partir de ahora Arcelor, Alu Ibérica o Azsa recibirán el mismo trato que un pequeño taller que consume muchísima menos electricidad.

La misma idea expresó el Gobierno asturiano. “No cabe duda de que la aprobación de una herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa”, señaló la Consejería de Industria que dirige Enrique Fernández.

A falta de conocer los detalles más finos del estatuto, la nueva norma no atiende las grandes reclamaciones del Principado. A finales de junio, y por iniciativa del Partido Regionalista de Cantabria (PR), el Congreso aprobó una moción en la que se reclamaba que este estatuto fuera especialmente sensible con las necesidades de los llamados “hiperconsumidores eléctricos”, allí iban recogidas las reclamaciones del Gobierno asturiano. El caso es que la iniciativa fue aprobada por una amplísima mayoría, e impulsada también con los votos favorables del PSOE y de Podemos, los dos socios del Gobierno nacional.

El nuevo estatuto para el consumidor electrointensivo

El nuevo estatuto para el consumidor electrointensivo

Sin embargo, el Ejecutivo en diversas ocasiones –y lo hizo también durante aquel debate en el Congreso– se había escudado en que la UE no le dejaba diferenciar a las grandes consumidoras. El Ejecutivo tenía miedo de ir más allá con las ayudas pese a que España tiene uno de los precios en el mercado mayorista de electricidad más altos de la Europa y, además, otros países de la UE han venido otorgando compensaciones y exenciones fiscales a sus industrias para que rebajen su factura energética y sean más competitivas en el exterior, con lo que la brecha de los costes ha crecido aún más.

Los costes de la factura de la luz han bajado notablemente en España, según los últimos datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), sin embargo la diferencia de precios con países competidores como Alemania o Francia no se redujo.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, sacó pecho de la aprobación del nuevo estatuto –aunque el compromiso del Gobierno era que hubiera estado listo a comienzos de 2019– y resaltó que, junto con las ayudas al CO2 y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, proporcionará una mayor seguridad y certidumbre al precio de la energía y favorecerá la inversión industrial”.

Las grandes patronales quisieron ser cautas. FADE y Femetal prefirieron esperar a que el texto del estatuto esté publicado en el BOE para emitir una opinión, lo mismo que los sindicatos UGT y CC OO, mientras que las grandes compañías de la región también dejaron su valoración oficial a la que realice esta semana la asociación AEGE, de la que forman parte Arcelor, Azsa y Alu Ibérica.

La ministra Maroto defiende que “dará certidumbre y favorecerá la inversión”

También el Principado y la Xunta de Galicia, pese a que ayer hicieron una valoración rápida del estatuto, prefieren esperar a conocer la letra pequeña –especialmente para saber si finalmente alguna de sus reclamaciones ha sido incluida– antes de emitir una opinión más elaborada.

Los que sí que valoraron el estatuto fueron algunos de los líderes sindicales de las empresas especialmente afectadas. Así, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de empresa de Alu Ibérica (antes Alcoa), aseguró que “tal y como esperábamos, el estatuto no colma todas nuestras expectativas. Es verdad que es una primera piedra, pero solo con una piedra no se hace un edificio: sobre esta base debe de seguirse trabajando para mejorar con medidas específicas el tratamiento a las industrias que, como Alu Ibérica, tienen un consumo ingente de electricidad”.

Roberto Suárez, secretario del SITAZ, Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (mayoritario en la fábrica de Castrillón), fue más duro y señaló que “el estatuto aprobado ayer es un atropello para los trabajadores del sector electrointensivo asturiano, además de una nueva agresión a esta región, que no deja de recibir castigos: la minería, el naval... ahora la industria”.

Crónica de un "chasco" anunciado

La marginación de la industria asturiana en el estatuto electrointensivo es un golpe que se veía venir. LA NUEVA ESPAÑA viene recogiendo desde hace meses la decepción de las empresas asturianas y del Gobierno regional con la norma que se acaba de aprobar. Ya hace un año el periódico alertaba de un cambio para repartir el “pastel” entre muchas mas empresas, la mayoría catalanas. El Principado prometió defender a la industria regional “por tierra, mar y aire”. Pero el Gobierno central nunca se mostró receptivo a sus tesis.