Rechazo político unánime en Asturias contra el nuevo Estatuto para los Consumidores Electrointensivos –que aprobó el martes el Consejo de Ministros– y que, finalmente, no servirá para recortar la elevadísima factura eléctrica de las grandes industrias de la región. La nueva norma –de la que aún no se conoce la letra pequeña– ha conseguido poner de acuerdo a Gobierno y oposición que van a reclamar al Ejecutivo que de marcha atrás y que sea más sensible con las industrias hiperintensivas asturianas, aquellas cuyo consumo eléctrico es elevadísimo. En esa lista están gigantes asentados en la región como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (Azsa) o Alu Ibérica (la antigua Alcoa).
Por parte de los partidos políticos hay unión a la hora de pedir a Madrid una rectificación, pero con ciertos matices. Las fuerzas más a la derecha como el PP, Ciudadanos, Foro y Vox cargaron contra “la nula influencia” del presidente regional Adrián Barbón a la hora de imponer los intereses de la región en asuntos clave como el del estatuto eléctrico. Mientras, que las de la izquierda, como Podemos e IU, exigieron unión para conseguir hacer oír la voz de la región ante el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto. Aunque advirtieron que el nuevo estatuto, tal y como está redactado, puede asestar un “golpe devastador” al corazón industrial de la región. Mortal.
La aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos es una medida necesaria, pero su diseño actual no da adecuada respuesta a las particularidades de nuestra industria
El consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró que “vamos a exigir (al Gobierno nacional) que se tenga una consideración especial con las grandes industrias asturianas”. En la misma línea, Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, puso el acento en que “la aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos es una medida necesaria, pero su diseño actual no da adecuada respuesta a las particularidades de nuestra industria. Es preciso que el Gobierno central analice todos los instrumentos existentes para garantizar la viabilidad de la industria asturiana, que pasa por su competitividad”.
Tras un calvario de dos años de espera el documento llega tarde, sin consenso y no da ninguna solución a la gran industria asturiana
Mucho más contundente fue en su valoración la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, que exigió a Barbón que “plante cara” al presidente nacional, Pedro Sánchez, porque, añadió, el estatuto aprobado es “una tomadura de pelo para Asturias”. La líder popular incidió en que “tras un calvario de dos años de espera el documento llega tarde, sin consenso y no da ninguna solución a la gran industria asturiana. No evitará el riesgo de deslocalización industrial. Estamos ante una nueva derrota de Adrián Barbón, una muestra más de su falta de firmeza y peso ante Pedro Sánchez. Ahora no valen los lamentos”. La portavoz del PP en el Congreso, Paloma Gázquez, acusó al Principado de estar “devastando a la región”.
Provocará el cierre y la deslocalización de industrias vitales para esta comunidad
Igual de duro fue Nacho Cuesta, coordinador regional de Ciudadanos (Cs), quien puso el acento en que el nuevo estatuto es un “golpe de gracia definitivo para la industria pesada asturiana”. Las consecuencias, denuncia, pueden ser nefastas. “Provocará el cierre y la deslocalización de industrias vitales para esta comunidad”, dijo. Más valorativamente resaltó que el “estatuto es decepcionante y otorga una mayor intensidad de ayudas a empresas menos consumidoras”.
Es importante unirnos, establecer una estrategia, y solicitar al gobierno estatal modificaciones específicas para garantizar el empleo en nuestra tierra
Podemos no fue tan agresivo. La diputada de la formación morada, Nuria Rodríguez, aseguró que es el momento de que Asturias esté unida en una sola voz ante Madrid. “Es importante unirnos, establecer una estrategia, y solicitar al gobierno estatal modificaciones específicas para garantizar el empleo en nuestra tierra. Exigiremos al gobierno central que actúe”, aseguró. No obstante, también puntualizó que el estatuto tiene puntos positivos como el que se obligue a las empresas que se beneficien de las ayudas a hacer inversiones medioambientales.
El estatuto llega tarde, es insuficiente y decepcionante, no responde a las demandas ni de la industria asturiana ni de sus trabajadores y pone en riesgo el futuro industrial de nuestra comunidad
Por su parte, el coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, recalcó que “el estatuto llega tarde, es insuficiente y decepcionante, no responde a las demandas ni de la industria asturiana ni de sus trabajadores y pone en riesgo el futuro industrial de nuestra comunidad”. Muy contundente dijo que “puede ser devastador para el corazón industrial de la región”.
El nuevo estatuto confirma el nulo interés del Gobierno de Pedro Sánchez por el presente y el futuro de la industria asturiana
Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, recalcó que el nuevo estatuto “confirma el nulo interés del Gobierno de Pedro Sánchez por el presente y el futuro de la industria asturiana”. E insistió en que “la supuesta influencia de Barbón en la toma de decisiones del Gobierno de Sánchez se ha quedado en nada y Asturias es, una vez más, la gran perjudicada”.
Con la aprobación del estatuto pierde la gran industria asturiana, el Gobierno de Barbón, pero sobre todo, los trabajadores
El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, aseguró que “con la aprobación del estatuto pierde la gran industria asturiana, el Gobierno de Barbón, pero sobre todo, los trabajadores”. Resaltó que el presidente socialista “será el que viva la deslocalización de las grandes industrias asturianas. Es una lástima y es otra oportunidad perdida para Asturias”.
El Principado exigirá al Gobierno “ayudas adicionales” para la gran empresa
La Consejería de Industria aseguró ayer que las medidas para abaratar la factura de la luz de la gran industria asturiana son “insuficientes” y que “no dan una respuesta satisfactoria a las singularidades de las empresas asturianas con un consumo intensivo de electricidad”. Por ello, explicó el consejero del ramo, Enrique Fernández, se va a exigir al Gobierno nacional que articule nuevas “compensaciones” para compañías como Arcelor, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica. ¿Qué podría hacer el Gobierno nacional? Tiene varias vías para compensar a la industria regional. Una de ellas es la de incrementar el presupuesto de las ayudas para compensar a estas empresas por los costes indirectos del CO2. Entiende el Principado que deben elevarse hasta el “tope permitido”. Este año las compensaciones recibidas por la gran industria fue mínima, de solo seis millones de euros, cuando el máximo eran 200. Por eso, el Principado reclama ahora una marcha más. Otro de los caminos por el que podría transitar el Ministerio de Industria es el de poner en marcha en el menor tiempo posible –como exige el Principado– el mecanismo que sustituya a las antiguas subastas de interrumpibilidad, la ayuda que recibían estas grandes industrias por desconectarse de la red eléctrica en caso de necesidad. El Ministerio de Industria, por su parte, aseguró que se “habían valorado” las alegaciones presentadas por el Principado –junto con la Xunta de Galicia y Cantabria–, pero, matizó, que lo que se aprobó es lo que permite la Comisión Europea. Por eso no fueron más allá con las ayudas, añaden.
Las grandes siderúrgicas y la industria del metal, principales consumidores de energía eléctrica, serán los grandes perjudicados por las medidas incluidas dentro del nuevo Estatuto para los Consumidores Electrointensivos, según puntualizaron ayer fuentes del sector. Compañías como ArcelorMittal podrían, de esta forma, perder competitividad frente a sus competidores en Alemania y Francia, en unos momentos en los que la rivalidad entre las factorías europeas está a flor de piel. Arcelor, por ejemplo, la principal empresa de la región por volumen de facturación y de empleo, ya había advertido en más de una ocasión que estaba perdiendo competitividad frente a sus rivales. El problema del estatuto es que abre al abanico a que nuevas compañías puedan ser consideradas como “electrointensivas”, lo que beneficia, especialmente, a la mediana empresa de regiones como Cataluña, Valencia o el País Vasco. A cambio de que esas compañías comiencen a recibir estas subvenciones, las grandes verán recortada sus ayudas. Un portavoz de la industria lo resumía ayer gráficamente: “Es crear un problema donde no lo había. Porque los pequeños verán muy bien esta nueva ayuda, porque no la tenían, pero es un palo para los más grandes”. Tampoco en la vecina Galicia ha gustado el nuevo estatuto. El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, aseguró ayer que el estatuto electrointensivo “responde a un criterio territorial y no a una verdadera apuesta por la industria”. “No solo llega tarde, sino que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía de nuestro país”, denunció. Según Conde, la norma no permite “competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francia y Alemania”. Además, ha afirmado que “Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios”.
