“Asturias y su industria se han convertido en el tonto útil y en el paganini de la transición energética”. Con esa contundencia se expresó la patronal asturiana FADE tras analizar con detenimiento el real decreto del estatuto de los consumidores electrointensivos –que ayer publicó el “Boletín Oficial del Estado” (BOE)– y en el que las grandes empresas de la región tenían puestas sus esperanzas para darle un buen tijeretazo a su factura de la luz y así acercarse a sus competidores de Alemania y Francia. El chasco, a tenor de las palabras de empresarios, políticos y trabajadores, no ha podido ser mayor. Ha sido mayúsculo. La gran industria esperaba por un gesto que no ha llegado y que ha hecho saltar sus críticas. FADE, Femetal y las nacionales Unesid –la agrupación de las siderúrgicas– y la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) cargaron contra este nuevo estatuto, al que consideran “insuficiente” e inútil para poner remedio al problema de precios en la factura de la luz que, desde hace años, arrastra la gran industria regional.
La más contundente fue FADE. La patronal que preside Belarmino Feito aseguró que “después de dos años de retraso (la promesa del Gobierno era haber aprobado el estatuto en 2018), nos encontramos con un texto que no atiende a las necesidades y soluciones que requiere la industria básica electrointensiva, y que, por el contrario, beneficia a más de 600 empresas que nada tienen que ver con este sector de actividad”. Y añade: “Esta es la segunda vez en menos de un mes que el Gobierno de España relega y ningunea al Noroeste en beneficio de aquellas comunidades que tienen la capacidad de otorgar la mayoría necesaria en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas”. Se refiere la patronal a que esa ampliación en el número de beneficiarios que recoge el estatuto favorece sobremanera a la mediana industria asentada en comunidades como Cataluña, Valencia y País Vasco. El primer agravio al que se refiere FADE fue la abundante dotación presupuestaria que recibirá el corredor mediterráneo.
Con esas, la patronal regional instó al Principado a que plante cara a Madrid y le conminó a que “actúe de forma contundente y pase de las palabras a los hechos para defender con firmeza a la industria básica regional y se termine así con el agravio continuado al que está siendo sometida nuestra comunidad autónoma”.
“El estatuto aumenta el riesgo de pérdida de competitividad de la industria asturiana en un momento que es clave”
“Esta es la segunda vez en menos de un mes que el Gobierno ningunea al Noroeste en beneficio de otras regiones”
“Las siderúrgicas necesitábamos una solución y esto no nos la da, hasta una panadería podrá pedir las ayudas”
Femetal, la patronal de la poderosa industria del metal de la región, no fue tan agresiva, pero exigió un “plan de choque específico para la industria básica asturiana equivalente al que propuso hace años Antonio Tajani (antiguo vicepresidente de la Comisión Europea) para salvar a la siderúrgica europea, y que traducido sería salvemos a la industria básica asturiana”. El tiempo apremia y aseguran que se va ya “contra reloj” y piden una mayor implicación al Gobierno asturiano para que lidere ese plan de choque. Sobre el estatuto, la patronal que preside Guillermo Ulacia asegura que “aumenta el riesgo de pérdida de competitividad de las empresas electrointensivas asturianas en un momento crítico por la aceleración de las medidas de descarbonización exigidas a las industrias europeas”.
Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) –de la que forman parte compañías con tanto peso en la región como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc– aseguró que el nuevo estatuto, del que el Gobierno no ha movido ni una coma desde que presentó el borrador allá por febrero– “es un paso y el reconocimiento de un problema identificado en 2018 (el de los altos precios de la energía respecto a los competidores de Alemania y Francia), pero su contenido no recoge los problemas de las compañías más electrointensivas. Es completamente insuficiente”. No obstante, sí que valora positivamente que en el preámbulo del decreto se deje la puerta abierta a posibles futuras compensaciones para estos grandes consumidores de energía, pero lamentó que el Gobierno no hubiera ido algo más allá y que hubiera atendido a algunas de las reclamaciones del sector, como la de meterles una buena tijera a los peajes que estas industrias pagan en su factura. Son esos costes los que asegura que hacen que el diferencial de los precios respecto a las industrias francesas y alemanas esté disparado.
“Esta nueva norma es un primer paso, pero no atiende a los problemas de las electrointensivas, es insuficiente”
“Algunos países europeos sí que han reconocido la figura de las empresas hiper- electrointensivas, con la aprobación de la UE”
“Esto puede ser una losa, necesitamos un plan para conseguir salvaguardar la industria pesada asturiana”
Mucho más contundente fue el director general de Unesid, la patronal siderúrgica nacional, Andrés Barceló, que aseguró que el decreto del estatuto es “propagandístico”. Tajante aseguró “las empresas siderúrgicas necesitaban una solución para poner fin al problema de los precios y este instrumento no se lo da. No soluciona el problema. No arregla nada”. Y con ironía criticó la ampliación del abanico de compañías que pueden beneficiarse de estas ayudas: “Las va a poder solicitar hasta una panadería”. También pidió al Gobierno que aproveche el fondo de reconstrucción europeo para incrementar las ayudas al sector como –señaló– va a hacer el Gobierno italiano, que va a desviar parte de los fondos comunitarios que reciba para darle un empujón a la planta de Ilva, el mayor complejo industrial del sur de Europa, y que administra de la mano de ArcelorMittal.
También los sindicatos mostraron su frontal rechazo al nuevo estatuto. El secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, aseguró que esta nueva regulación del mercado eléctrico puede ser una “losa” para la industria asturiana y acabará echando por tierra el buen trabajo que se está realizando en mesas como la de la concertación social (en la que los agentes sociales y el Gobierno regional discuten hacia dónde orientar los recursos de la región), por lo que pidió al Principado un plan para “salvaguardar a la industria pesada”. Mientras que la Federación de Industria de CC OO que dirige Damián Manzano resaltó que el “estatuto va contra los intereses de los trabajadores de la industria asturiana y pone en peligro sus puestos de trabajo”.
Por su parte, la Federación de Industria estatal de UGT señaló que el estatuto es “insuficiente” porque, entre otras razones, “no recoge la figura de las empresas hiper electrointensivas, como sí que han reconocido otros países de nuestro entorno con la aprobación de la UE”. La Federación que dirige Pedro Hojas señala que la incertidumbre generada por este estatuto “desincentiva la realización de inversiones”.
