“Los países de la Unión Europea son libres de diseñar los planes de apoyo que consideren más apropiados para su industria electrointensiva”. Con esa firmeza, un portavoz de la Comisión Europea valoraba ayer a LA NUEVA ESPAÑA el malestar de las compañías regionales tras comprobar el resultado del estatuto para los consumidores electrointensivos que aprobó hace unos días el Ministerio de Industria y que ha caído como un jarro de agua fría entre la industria pesada asturiana, que esperaba que esta regulación sirviera para darle un buen tijeretazo a su recibo de la luz. No fue así. El Gobierno central se había escudado en que no había podido ir más allá con el estatuto porque Bruselas no se lo había permitido. Dijo que había llegado hasta el límite que la Unión Europea le dejaba. La Comisión asegura que no se opone a que haya ayudas específicas para que este tipo de compañías, incluso lo ve con buenos ojos.
El espaldarazo de Bruselas a que los miembros del club europeo repartan entre su industria ayudas para conseguir aligerar la carga eléctrica es total. Y un portavoz de la Comisión Europea lo resume con las siguientes palabras: “Los estados miembros pueden apoyar a quienes tengan un consumo intensivo de energía (en alusión a la gran industria) concediéndoles reducciones en los recargos por electricidad”. Para ello, recuerda, los fondos para conseguir una descarbonización de la economía, que Bruselas pretende ir acelerando, recogen diferentes mecanismos para hacer que a estos grandes consumidores no se les atragante la factura eléctrica.
Reconoce que las ayudas deben repartirse en función de una serie de límites que fijan las propia Unión Europea. Ese es el argumento que lleva semanas defendiendo el Gobierno nacional a la hora de justificar el hecho de no poder ir un paso más allá con las subvenciones para la gran industria. Pero un portavoz de la Comisión Europea establece un matiz, el de que no hay diferencias por territorios. Es decir, que las ayudas que se aplican en países como Alemania o Francia, donde la industria electrointensiva tiene un elevado peso sobre su economía, pueden ser las mismas que se apliquen en España, tal y como lo exigen las grandes empresas de la región y el propio Principado. Esos límites garantizan, asegura Bruselas, que estos planes de apoyo sean “proporcionales” en todos los países europeos y que el dinero, aguas abajo, recaiga en las empresas que realmente lo necesitan. O sea, sobre aquellas que tienen unos altos consumos de electricidad. No hay discriminación que valga, recalca Bruselas. La Comisión asegura que “las normas se aplican por igual para todos, independientemente del Estado que se trate”.
Sobre lo que no quiere pronunciarse la Comisión es sobre el resultado del nuevo estatuto para los consumidores electrointensivos que acaba de aprobar el Gobierno español. El Ejecutivo asturiano se ha mostrado muy beligerante con la norma, tanto que había presentado una serie de alegaciones –junto con Galicia y Cantabria– ante la mesa de la Comisión Europea para exigir que se tuviera una consideración especial con las compañías calificadas de hiperelectrointensivas, como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (Azsa) y Alu Ibérica (la antigua Alcoa). Sin embargo, en una entrevista a este diario el secretario general de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco, señaló que las alegaciones de España se habían valorado pero que Europa no las había aceptado. La Comisión descartó pronunciarse sobre ese asunto.
El caso es que, pese a todo, la industria asturiana está pagando ahora una factura mucho más elevada que la de sus competidores europeos. Esa disparidad respecto a las facturas de las industrias germanas o francesas se debe, fundamentalmente, a las ayudas que estos países tienen en marcha para respaldar a sus grandes empresas. Esa es la razón por la que la industria pesada del Principado va a acabar este año pagando más del doble por su factura de la luz que sus competidores alemanes y franceses, según la última estimación publicada por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa), que se ha mostrado muy crítica con el nuevo estatuto para la industria electrointensiva, que juzgan “insuficiente” para alcanzar la convergencia de precios con Europa.
