El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, fue el primero en pedir la reunión de la llamada alianza por la industria regional, una mesa de trabajo que se congregó hace unos días por primera vez y de la que salió una voz común con la que Asturias se plantará ante Madrid para defender a su industria. Lanero resume en las siguientes líneas sus impresiones sobre el nuevo estatuto para las empresas electrointensivas.

–¿Qué valoración hace de la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva?

–El estatuto es un instrumento que no responde al objetivo que pedíamos. Lo solicitamos ante una situación difícil para la industria y el detonante había sido la crisis de Alcoa. Lo que se pretendía era volver a tener algo como lo que tenían las grandes empresas con la tarifa G4, con la que empresas como Alcoa, Azsa y Arcelor contaban con una tarifa especial. Para estas empresas el coste eléctrico está por encima del 30 o 35% y esas ayudas son esenciales para que puedan competir con el resto de factorías en Europa. Se nos prometió que el estatuto estaría en seis meses porque la urgencia era que Alcoa tuviera una solución. Unos meses después no recibe la autorización de Competencia y se entra en proceso electoral y se nos dijo que sería el primer decreto que se aprobaría de la legislatura. Pero no fue así.

–La ministra Maroto dijo que no había que quedarse solo en el estatuto, que no había que ser miopes, que había otras medidas más para rebajar la factura de la luz de las grandes empresas.

–No somos miopes, ni somos tontos. Este estatuto no es la perreta de unos cuantos trabajadores o de un gobierno, debía ser un instrumento de ayuda económica, y no es así. Y me da igual que se llame estatuto o ayuda para la puesta en marcha de empresas. Este estatuto no sirve, y es agua pasada. Antes había subastas de interrumpibilidad que eran ayudas de suministro de 200 millones que ya no están y para las que no hay alternativa, pero siguen en otros países. Los empresarios calculan que producir en Francia Alemania es 25 millones más barato que en España.

–UGT reclamó la puesta en marcha de la alianza por la industria que se celebró hace unos días, ¿está satisfecho con el resultado?

–Creo que podemos tener un consenso en Asturias, un frente común para que lo que traslademos tengan respaldo de la sociedad asturiana y así tener más peso a la hora de reclamar a Madrid y Europa. En esa alianza ya hay ideas. Por ejemplo, hay unas ayudas que concede la UE en función del CO2 que emitas. Es una subvención que nunca se ha elevado al máximo. Debe elevarse al tope y no estar ligadas al presupuesto.

–La UE dice que los países pueden dar ayudas a la industria electrointensiva si quieren.

–Hay que buscar alternativas. No voy a entrar en ese juego de desmentidos, porque no aporta nada. Da igual el nombre que tenga el instrumento para apoyar a la industria. Queremos ayudas para empresas electrointensivas, se llamen como se llamen. Ahora lo que hay es que buscar un mecanismo alternativo, porque lo que propone el PP de recurrir el actual estatuto no tiene ni pies ni cabeza. Solo se podría hacer si hay algún problema en su articulado.

–¿Qué consecuencias puede tener todo esto para las industrias asturianas?

–Que no se van a beneficiar de ninguna rebaja en su factura, apenas unos céntimos. Esto es así porque se parte del mismo tope, pero ahora entran muchas más empresas en el reparto y pasa a beneficiar a muchas del País Vasco y Cataluña.

–¿Tiene poca influencia Asturias en Madrid y mucha el País Vasco y Cataluña?

–Para valorar esto tendría que tener datos. Lo que sí que está claro es que el estatuto beneficia a empresas del País Vasco y Cataluña y que no se está siendo justo con Asturias. Hubo ministros que vinieron aquí a comprometerse. Si en algún momento se dijo que el Gobierno asturiano podía tener influencia en Madrid es el momento de demostrarlo.

–¿Considera que hay voluntad por parte del Gobierno central en buscar soluciones para las empresas electrointensiva asturiana?

–Podría responder con dos cuestiones. Por un lado, la negativa, que es que, si en dos años han sido incapaces de articular un estatuto para la industria electrointensiva, por qué lo van a hacer ahora. La otra vía, la positiva, es que hay que buscar una alternativa al estatuto. Y eso puede hacerse por varios caminos: mediante reuniones entre el Gobierno asturiano y el ministerio o mediante la negociación de las propias empresas. Tiene que haber una interlocución directa.

–Maroto insinuaba que el reparto de los fondos de reestructuración europea puede ser especialmente generoso con Asturias. ¿Teme que el Gobierno intente compensar a la región por esta vía?

–Son cuestiones diferentes. Hay que separar lo que tiene que ver con la factura eléctrica de los fondos. El problema energético se debe también a que se trata de un sector que está en oligopolio. Los fondos serán para proyectos que son iniciativas para transformar la economía y en los que iremos en concurrencia competitiva.