La gran industria asturiana sigue perdiendo opciones de reducir la peligrosa brecha de costes energéticos que sufre con respecto a sus competidores europeos. Primero fue el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que ha sido considerado por la industria asturiana como insuficiente, y ahora es el sistema alternativo a la interrumpibilidad, que lejos de dar prioridad a las compañías más intensivas en consumo eléctrico, se abre a todo tipo de empresas al desaparecer el requisito de que las instalaciones estén conectadas a la alta tensión. Un nuevo cortocircuito en la delgada línea de la que pende la supervivencia de las plantas asturianas de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (Azsa) o Alu Ibérica, con miles de empleos.
El Estatuto del Consumidor Electrointensivo, aprobado por el Gobierno de España el pasado mes, no atendió las demandas de la industria asturiana al no recoger la figura del consumidor hiperelectrointensivo y al ampliar el número de posibles beneficiarios, lo que diluye las ayudas. No obstante quedaba otro cartucho, el del sistema alternativo a la interrumpibilidad –el mecanismo de seguridad del sistema eléctrico que ayudaba a las fábricas a reducir sus costes energéticos– que había anunciado el Gobierno de España el pasado verano y que aún está pendiente de aprobación a pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica había anunciado que estaría listo antes de que acabara 2020. Ya de mano se sabía que las industrias electrointensivas asturianas tendrían que pujar frente a compañías generadoras de electricidad para prestar el servicio y que los bloques a subastar se reducían a 1 MW, con lo que más empresas podrían entrar en la subasta. Pero, además, a diferencia del sistema de interrumpibilidad, las instalaciones que podrán participar en el mecanismo no tienen necesidad de estar conectadas en alta tensión, lo que abre el abanico a muchas más empresas y amenaza con reducir al mínimo el precio de adjudicación del servicio. Al igual que pasa con el Estatuto, se corre el riesgo de que las ayudas se diluyan sin que los grandes consumidores de electricidad puedan salvar el diferencial de precios energéticos con sus competidores directos de Francia o Alemania y recuperar competitividad.
El Estatuto del Consumidor Electrointensivo incluye compensaciones por coste indirecto de CO2; compensaciones por financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de territorios no peninsulares, y cobertura pública de contratos de electricidad a largo plazo. No incluyó, como demandaba la industria, el mantenimiento del servicio de interrumpibilidad, por el cual las grandes factorías intensivas en consumo eléctrico estaban dispuestas a desconectarse de la red en caso de necesidad del sistema a cambio de una retribución que les ayudaba a reducir el diferencial de precios energéticos con sus competidores. Era su principal apoyo para reducir la factura eléctrica.
Competencia
El Ministerio para la Transición Energética eliminó la interrumpibilidad el pasado junio alegando que no se ajustaba a las normas de competencia europeas y ello a pesar de que era consciente de que ese tipo de herramientas son vitales para dar seguridad a un sistema eléctrico español en el que cada vez tienen más protagonismo las energías renovables, con su variabilidad dependiendo de las condiciones climatológicas; en el que se están cerrando centrales térmicas de carbón que daban respaldo rápido; en el que aún hay graves carencias de interconexiones con otros países; en el que siguen pudiéndose dar situaciones extremas por fallos en la red; en el que puede haber desviaciones importantes de la demanda eléctrica respecto a la prevista, y en el que la volatilidad de los precios será creciente.
Es por ello que el Ministerio para la Transición Ecológica diseñó una alternativa a la interrumpibilidad que, aseguró, se ajusta a la normativa europea y a los objetivos de reducción de emisiones de CO2 , y que solucionará con velocidad las situaciones de desvíos importantes entre la generación y el consumo. Se denomina “Reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico” y el pasado agosto salió a información pública. Al documento presentaron alegaciones diferentes organizaciones empresariales –como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) o la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL)– y empresas como Endesa, Acciona o Red Eléctrica España (REE).
A diferencia de la interrumpibilidad, en este caso no sólo pueden prestar el servicio industrias con un alto consumo eléctrico. Se actuará también desde la oferta y podrán prestar el servicio tanto instalaciones de generación de energía eléctrica que no participen en el mercado de producción (en el pool) y que cumplan con un límite máximo de emisiones de CO2, como instalaciones de almacenamiento de energía. Es decir, habrá más actores en competencia. Además, en lo que respecta a la asignación del servicio, éste se llevará a cabo a través de una subasta en la que se pujará por bloques de un mínimo de 1 MW de potencia (en las subastas de interrumpibilidad eran inicialmente de 90 y 5 MW y posteriormente los mayores se redujeron a 40 MW).
Fuentes del sector de la industria electrointensiva apuntaron que el incremento de actores y el pequeño tamaño de los bloques de potencia favorecerá el hundimiento de precios e impedirá a la gran industria obtener remuneraciones que contribuyan a rebajar sensiblemente su gasto energético. Además, la retribución no será fija como en la interrumpibilidad. Habrá un componente fijo ligado a la reserva estratégica a suministrar y al precio asignado en la subasta, y un componente variable ligado a la efectiva aplicación del servicio.
Los retrasos
El nuevo sistema aún no ha sido aprobado a pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, aseguró que estaría listo antes de que acabara 2020. El pasado 18 de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió su informe, en el que considera “adecuado” el sistema. El informe destaca un factor más que eleva la competencia y perjudica los intereses de la gran industria asturiana. “En el mecanismo anterior solo podían participar las instalaciones de demanda conectadas en alta tensión (como es el caso de Arcelor o Azsa), mientras que este servicio está abierto a cualquier proveedor que pueda ofrecer una energía a subir en un minuto, por tanto permite la participación de cualquier instalación de demanda, almacenamiento y de ciertas instalaciones de generación, pudiendo contar, por tanto, con más proveedores”, señala la CNMC.
La rebaja de la electricidad
Reserva estratégica. Es el sistema que plantea el Gobierno como alternativa a la interrumpibilidad. Todo tipo de industrias, sin necesidad de conexión a alta tensión, y productores eléctricos pujarán para ofrecer el servicio.
El estatuto. Es el otro instrumento para reducir la factura eléctrica. Incluye compensaciones por el coste indirecto del CO2 y por la financiación de renovables y cogeneración, y cobertura de de contratos de electricidad a largo plazo.
Otras medidas. La gran industria considera insuficientes las medidas del estatuto (pedia un trato preferente para los mayores consumidores de enería y rebaja de peajes eléctricos) y desconfía de las condiciones de la reserva estratégica.
El Principado apoyará proyectos de energía con 2,5 millones
La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica destinará 2,5 millones a la financiación de dos líneas de ayudas para promover lasa energías renovables, el ahorro y la transición energética en Asturias que se convocarán a principios de 2021 y cuyo plazo de presentación de solicitudes será de un mes tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La primera línea de ayudas, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), busca favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores mediante proyectos de eficiencia energética. Con un presupuesto de un millón de euros, está pensada para apoyar a empresas de cualquier actividad (no solo industrias, sino también comercios, hostelería o servicios). Incluye tanto la ejecución de auditorías energéticas en las pyme, requisito que en grandes empresas es obligatorio, como acciones para el ahorro energético y la reducción de las emisiones de gases causantes del cambio climático. En el trienio 2018-2020 esta línea destinó 4,81 millones a 55 proyectos empresariales que han movilizado inversiones por 17,26 millones como la sustitución de un equipo de planta asfáltica, la optimización del matadero Gijón, alumbrados de empresas, cambios de salas de calderas y dos actuaciones en redes de calor alimentadas con agua de mina de Hunosa, una en Mieres (con agua del pozo Barredo) y la otra en Langreo (con agua del pozo Fondón). La segunda línea de subvenciones, dotada con 1,5 millones promueve el uso de energías renovables y acciones de ahorro y eficiencia energética por parte de particulares y empresas y subvenciona, por ejemplo, proyectos de biomasa, biogás, fotovoltaica, minihidráulica, geotermia, reforma de salas de calderas, sustitución de pequeños y medianos equipos industriales y puntos de recarga y repostaje de combustibles alternativos. En el período 2018-2020, esta línea de ayudas aportó 3,85 millones a 22 proyectos que sumaron 20,9 millones de inversión.
