El PP de Asturias impugnará ante el Consejo de Ministros el estatuto del consumidor electrointensivo aprobado por el Gobierno el pasado mes y considerado por la gran industria como insuficiente para limar el diferencial de precios energéticos con sus competidores. “Damos este paso ante la pasividad del Gobierno de Adrián Barbón, que prefiere dejar abandonados a los trabajadores de la industria asturiana en vez de tener que enfrentarse al Gobierno de Pedro Sánchez”, señaló María Teresa Mallada, presidenta del PP de Asturias.

En los próximos días, el grupo parlamentario de PP en Asturias presentará ante el Consejo de Ministros la solicitud de revisión del decreto por el que se aprueba el estatuto al haber incumplido los plazos de tramitación. Mallada apuntó que el real decreto que regula el estatuto incumple el real decreto ley 20/2018, de 7 de diciembre, una norma superior que ordenaba aprobar en el plazo de seis meses el documento, que finalmente fue autorizado dos años más tarde del mandato legal recibido.

Con su acción administrativa, el PP pretende declarar “nulo” el estatuto y promover la declaración de otro que recoja la figura del consumidor hiperelectrointensivo (en el que se encuadrarían las factorías asturianas de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica) y que contemple medidas económicas “efectivas” para garantizar una rebaja del coste de la energía y, por tanto, la competitividad del sector fabril del Principado frente a los competidores de otros países europeos.

“El estatuto deja tirada a la gran industria asturiana y a sus 50.000 trabajadores”, señaló Mallada tras la celebración de un encuentro en Oviedo en el que participó el responsable de Industria del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal.

La oposición, a propuesta de IU, fuerza un Pleno en la Junta para diseñar un plan industrial

Mallada denunció que el Ejecutivo asturiano ha incumplido “todos” los compromisos que había adquirido con la industria asturiana, como la elaboración de un plan específico para este sector, diseñado con la colaboración de los agentes implicados, que “sigue sin ser una realidad”. A su juicio, el Principado “no ha hecho los deberes” y ahora intenta ocultar esa “dejadez” con la puesta en marcha de una Alianza por la Industria en Asturias, en la que están presentes los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales y la Universidad.

Por su parte Izquierda Unida (IU) ha impulsado que el Parlamento asturiano celebre un pleno extraordinario y monográfico sobre industria ante la “aparente inmovilidad” de la consejería que dirige Enrique Fernández tras el “varapalo” del estatuto del consumidor electrointensivo y la “inexistencia” de una política industrial. La petición fue registrada ayer con el apoyo del PP, Podemos, Ciudadanos y Foro.

“La situación por la que atraviesa nuestro sector industrial exige un compromiso de toda la sociedad asturiana, de todos los agentes sociales y de todo el parlamento”, señaló la portavoz de IU, Ángela Vallina, que consideró “imprescindible” diseñar un plan industrial ante una Consejería “sumisa y paralizada frente a lo que podemos considerar como un grave ataque a la línea de flotación de la viabilidad de nuestro sector industrial”.

Vallina reclamó capacidad de análisis al Gobierno que, a su juicio, debe asumir su responsabiliad. “No podemos seguir como hasta ahora. Necesitamos un Gobierno que lidere la defensa de nuestra industria, atendiendo a las necesidades de todo el sector. Es uno de los grandes retos para Asturias como país. O vamos a ser un territorio industrial o, seguramente, no seremos”, señaló Vallina.