La Alianza por la Industria de Asturias –en la que están el Gobierno del Principado, los partidos de la oposición, la patronal FADE, las cámaras de comercio, los sindicatos CC OO y UGT, la Federación Asturiana de Concejos y la Universidad de Oviedo– está consensuando una carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera en la que reclama que, “de forma inmediata”, las ayudas para el sector industrial electrointensivo de la región se equiparen a las existentes en otros países de la Unión Europea.
La Alianza se formó el pasado 22 de diciembre después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el estatuto del consumidor electrointensivo. Todos los miembros de la Alianza tacharon de “insuficiente” el estatuto porque sus medidas no acaban con el diferencial de costes energéticos que sufre la gran industria asturiana con respecto a sus competidores de países como Alemania o Francia.
En el borrador de la carta a Ribera se señala que “al objeto de evitar efectos no deseados sobre la actividad económica y el empleo industrial” de la región se necesitan adoptar, “a muy corto plazo”, cuatro medidas complementarias a las recogidas en el estatuto.
Independencia del presupuesto.
La primera medida que plantea la Alianza es desvincular las ayudas del estatuto de la disponibilidad presupuestaria, con fórmulas que garanticen en los próximos tres años que las ayudas destinadas a compensar los costes de emisión indirecta de CO2 se situarán cada año en el máximo posible autorizado por la UE.
Equiparación con Europa.
La segunda medida es equiparar “de forma inmediata” las políticas de ayuda al sector electrointensivo a las existentes en otros países de la UE. La Alianza no considera razonable que en un mismo momento (año 2021) y lugar (UE) puedan persistir diferentes niveles de apoyo estatal a empresas competidoras.
Altermativa a la interrumpibilidad.
También demanda la “inmediata” puesta en marcha de un mecanismo sustitutivo de las subastas de interrumpibilidad, en el que participen y sean retribuidas de forma preferente las compañías con mayor consumo eléctrico.
Otros mecanismos.
La Alianza destaca que de acuerdo con el planteamiento del propio estatuto –que considera que las medidas contempladas los son “sin perjuicio de otros mecanismos de política industrial, comercial, energética, fiscal o medioambiental que se establezcan en el futuro”– es necesario abrir una interlocución directa a nivel ministerial con las grandes empresas electrointensivas asturianas para elaborar planes de inversión específicos que garanticen su supervivencia y permitan acometer de forma exitosa los procesos de transición ecológica y transformación digital que afronta la economía europea.
“No ha habido una administración más clara que el Gobierno de Asturias frente al estatuto electrointensivo”, señaló ayer la portavoz del ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, ante las acusaciones de tibieza ante el Gobierno de Pedro Sánchez formuladas por el PP asturiano, que ha decidido impugnar el documento. Álvarez insistió en que el estatuto no recoge las alegaciones pactadas por Asturias, Galicia y Cantabria y subrayó que el Gobierno de Adrián Barbón liderará la reivindicación “de la puesta en marcha de herramientas y mecanismos de compensación en el marco de la Alianza para la Industria. Si el PP prefiere desentenderse, ir por libre y quedarse solo, lejos de comprometerse con una posición de unidad, es cuestión suya como ha hecho recientemente con el Presupuesto autonómico”. La portavoz del ejecutivo autonómico incidió en el mensaje de que “sin unidad poco se puede hacer” y añadió que “el Gobierno de Asturias liderará un acuerdo social lo más amplio posible”.
