La reforma del sistema de pensiones se negociará y tramitará en dos bloques, a lo largo de 2021, según el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Sus líneas generales serán incorporadas en el Plan de Recuperación que el Gobierno prevé remitir a Bruselas “a finales de febrero o principios de marzo”.
– ¿Qué calendario maneja para la reforma de las pensiones?
–Tras haber recibido el acuerdo del Pacto de Toledo del Parlamento, se introdujeron algunos elementos (separación de 14.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social y compromiso de crear en un año un fondo pensiones de promoción pública) en la ley de Presupuestos. El resto de las recomendaciones pensamos abordarlas en dos bloques.
–¿Cuál será el primero?
–Ya lo estamos discutiendo con los agentes sociales y espero poder llegar a un acuerdo en pocas semanas. Incorpora elementos centrales como la fórmula de mantenimiento de forma permanente del poder adquisitivo de las pensiones, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada. Esperamos enviar al parlamento este primer bloque de reformas de la ley general de Seguridad Social en el primer trimestre.
–¿Y el segundo bloque?
–Antes de proponer el segundo bloque de reformas, aún tenemos que hacer números y cálculos, que pondremos a disposición de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitación parlamentaria para que esté en vigor en enero del 2022. Pero antes que eso, urge resolver dos cuestiones pendientes.
–¿A qué se refiere?
–A la cláusula de salvaguarda para garantizar que las personas en paro desde antes de la reforma que alargó la edad de jubilación puedan seguir jubilándose a los 65 años. También a la reforma del complemento de maternidad, tras la sentencia del Tribunal Europeo. Queremos adaptar la medida para que sea jurídicamente irreprochable sin perder su esencia, que es compensar en las pensiones las lagunas de cotización que tienen las mujeres tras tener un hijo, sobre todo el primero hijo, y este complemento también se extenderá a los hombres en esa situación. Estamos hablando con los agentes sociales y lo aprobaremos a finales de enero o principios de febrero.
–El Pacto de Toledo acordó garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Se tendrán en cuenta los años con IPC negativo?
–No puedo entrar en mucho detalle. Estamos hablándolo con los agentes sociales. Son fórmulas que entienden el mantenimiento del poder adquisitivo a lo largo del tiempo y no en un momento concreto. Si hay años en los que, bien se produce una caída del IPC y por tanto una ganancia de poder adquisitivo, o bien hay años en los cuales la inflación termina por debajo de la inflación esperada que ha fijado la pensión para ese año, tiene que haber un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y que en ningún caso implicase una bajada nominal de la pensión.
–¿Han sondeado ya las posibilidades de consenso sobre esto?
–Sí, esto tiene sentido y no está resultando controvertido.
–¿Ve conveniente alargar de 25 a 35 años el periodo de cotización que sirve para determinar la cuantía de cada pensión?
–No estamos aún en este tipo de ejercicio, que siempre hay que encuadrar en las recomendaciones del Pacto de Toledo, para combinar distintos elementos. Por una parte hay una recomendación de aumentar la contributividad del sistema, pero también nos pide tener en cuenta nuevas modalidades de carreras laborales, menos estables en el caso de jóvenes y de personas que tienen jubilaciones anticipadas, lagunas en el caso de mujeres... y todos esos elementos debemos analizarlo en su conjunto.
–¿Si llega el caso, los trabajadores podrían elegir los mejores años, como ha apuntado la vicepresidenta Nadia Calviño?
–Estamos trabajando a nivel técnico en mi Ministerio, como nos pidió el Pacto de Toledo.
–Elevar de 25 a 35 años produciría un ahorro de 0,6 puntos de PIB al año, según la Airef.
–Esos cálculos se hicieron con datos algo más atrasados y una muestra limitada de encuesta continua de vidas laborales. En la Seguridad Social tenemos ahora más datos y haremos cálculos.
–¿Esa medida reduciría la relación entre pensión y salario, tal como estimó la Airef?
–Depende de cómo se complemente con otros elementos. Puede haber personas que tengan sus peores años al final de su carrera laboral.
–La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), lo tacha de “recorte”.
–Yo sé lo que he planteado al Gobierno en los órganos colectivos y lo que se ha discutido. Sobre cosas que no se han presentado yo no puedo pronunciarme.
–¿No ha planteado usted en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos alargar de 25 a 35 años el periodo de cómputo?
–No.
–¿Cómo prevé desincentivar la jubilación anticipada?
–No puedo entrar en detalle. Los agentes sociales tienen una propuesta concreta. La jubilación anticipada tiene en estos momentos unos coeficientes desincentivadores que están mal diseñados, que son regresivos. Prácticamente se sitúan en el 2% de pérdida de pensión para las pensiones con rentas más altas y llegan al 8% en personas con pensiones más bajas. El sistema que estamos planteando pretende corregir esos elementos. Además queremos fomentar la jubilación demorada y prohibir la jubilación forzosa en los convenios.
–¿Deben estar preocupados por ese nuevo marco los trabajadores que estén pendientes de procesos de prejubilación?
–La posibilidad de jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes no va a cambiar. Va a cambiar es el sistema de incentivos, que es muy regresivo y muy poco desincentivador para pensiones altas. Aún debemos acordarlo con los agentes sociales y tramitarlo en el Parlamento.
–¿Se va a eliminar el factor de sostenibilidad previsto en la reforma del 2013.
–Sí.
–¿Habrá un mecanismo para ajustar la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida?
–Puede haberlo. Esto es uno de los temas que hemos de discutir más adelante. Pero en ningún caso trasladará la carga del ajuste de forma automática sobre los nuevos pensionistas, que es lo que implica el modelo del 2013 [que no llegó a entrar en vigor], que vamos a derogar.
–¿Por qué no hay ya un pacto para prorrogar los ERTE?
–El acuerdo con los agentes sociales está prácticamente ultimado. No hay elementos significativos pendientes de negociación, más allá de algunos detalles técnicos. La razón fundamental del retraso es que las organizaciones empresariales tienen una gobernanza interna de aprobación de acuerdos que requiere ciertas reuniones de sus juntas directivas y las han fijado para mañana, martes.
–¿Existen discrepancias con la patronal sobre la cláusula que prohíbe los despidos hasta seis meses después de haber recibido ayudas por ERTE?
–No nos han planteado que se levante esta cláusula en la mesa negociadora. Sí, algunos ajustes técnicos interpretativos de algunos elementos, que se están viendo; pero el principio general no se está cuestionando.
–¿Habrá acuerdo?
–Sí, absolutamente.
–¿Cuánto costará prorrogar los ertes hasta fin de mayo?
–En este momento tenemos unos 750.000 trabajadores en ERTE, pero con exoneraciones a la Seguridad Social son unos 400.000. Con la prórroga estaríamos hablando de un coste de unos 5.500 millones este año, sumando exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y prestaciones del SEPE.
¿Cómo prevé penalizar la rotación de contratos que vencen y se reactivan de forma sistemática antes y después de fines de semana o vacaciones?
–Estamos viendo distintas formas de establecer una tasa para que los mecanismos de bajas de contratos en la Seguridad Social impliquen un coste.
–¿Para penalizar los despidos de fin de semana también?
–Sí. Estamos viendo cómo se acaba de concretar, pero dar de baja un contrato también debería tener un precio pues implica un coste administrativo, sobre todo, en determinadas prácticas de altísima frecuencia de altas y bajas de contratos que a veces tienen un comportamiento espurio.
