El Gobierno tiene el respaldo de empresarios y sindicatos para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia hasta el 31 de mayo. Se mantiene el esquema de exoneraciones y de prestaciones; se reducen trámites administrativos para evitar los cuellos de botella en la administración y la saturación de las asesorías, y se introducen pequeños cambios en los sectores afectados.
Asturias cerró 2020 con 18.937 trabajadores regulados de empleo, según datos del Ministerio de Trabajo, y durante la semana pasada el Principado tramitó 65 nuevos expedientes. Con las nuevas limitaciones a la actividad comercial y hostelera en Asturias vinculadas a la tercera ola de la pandemia, se espera un repunte de expedientes. Con la prórroga se mantendrán los tres tipos de ERTE acordados en septiembre con un esquema “idéntico” de exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, según ha avanzado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. A la espera del texto que se lleve al Consejo de Ministros el próximo martes, estas son las claves:
ERTE de fuerza mayor. Es para las empresas de sectores especialmente perjudicados por la crisis, para las de su cadena de valor y para aquellas cuya facturación dependa de las primeras. Según el esquema aprobado en septiembre, estas empresas tendrán durante cuatro meses una exoneración del 85% en las cotizaciones sociales de sus trabajadores si tiene menos de 50 empleados y del 75% si tienen más. Las reducciones se aplicarán tanto para trabajadores suspendidos como para los que reincorporen a la actividad. El listado consensuado incluye sobre todo actividades relacionadas con el transporte, el turismo y el ocio con tres más añadidas: camping y aparcamiento para caravanas, actividades de mantenimiento físico (balnearios, spa...) y el alquiler de embarcaciones. Por contra salen otras tres actividades: fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales.
ERTE de impedimento. Se mantiene esta figura a la que podrán acogerse todas las empresas que vean “impedida” su actividad por las restricciones adoptadas por las autoridades. Tendrán una exoneración de cotizaciones del 100% durante el periodo que dure el cierre siempre que tengan menos de 50 trabajadores, y del 90 % si tiene más empleados.
ERTE de limitación. Para las empresas que vean limitada parcialmente su actividad por medidas administrativas, con exoneraciones decrecientes en función el tiempo que dure el expediente. El esquema de bonificaciones aplica un 100% en el primer mes para pasar al 90% al segundo, al 85% en el tercero y al 80% en el cuarto para las empresas de menos de 50 trabajadores. Para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.
Cambios administrativos. Una de los novedades, según apuntó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la agilización de algunos trámites administrativos como que las empresas con un ERTE por impedimento o limitativo no tendrán que volver a presentar una nueva reclamación colectiva sino solo comunicar que siguen acogidos. Bastará con que remitan una comunicación a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras, para acceder a los beneficios. Tampoco será necesario que remitan una nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE, apuntó el Gobierno.
Limitaciones al despido. Se conserva la cláusula de mantenimiento de empleo, que impide a las empresas en ERTE despedir a trabajadores durante los siguientes seis meses o de lo contrario tendrán que devolver todas las ayudas. Tampoco se podrán realizar horas extra, externalizar la actividad o llevar a cabo nuevas contrataciones. También se mantienen los límites fijados sobre el reparto de dividendos.
Prestación del trabajador. Se mantiene en esta prórroga que la prestación del trabajador sea por el 70% de la base reguladora; así como el “contador a cero” hasta 2022, es decir que el cobro de la prestación por desempleo asociado al ERTE no restará derechos futuros para cobrar paro.
